Arturo Angel
– Entre 2012 y 2016 los contratos y pagos que la constructora Odebrecht obtuvo de parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) a través de la entrega de sobornos dejaron un daño al erario que supera los 4 mil 200 millones de pesos, de acuerdo con nuevas investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda.
Es un fraude que hasta la fecha – y a casi cinco años de la apertura de la primera indagatoria – no ha sido reparado ni por la constructora brasileña, ni por los funcionarios federales involucrados, algunos de los cuales siguen incluso en puestos públicos. Entre los exfuncionarios implicados destaca el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien desde hace más de un año negocia un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) para no ser procesado.
Sin embargo, dicha negociación se ha complicado debido a que, entre otras cosas, Lozoya solo ofreció como pago de reparación del daño una residencia ubicada en Ciudad de México (que de acuerdo con las indagatorias fue adquirido tras el pago de un soborno), la cual está valuada en aproximadamente 30 millones de pesos.
Los fiscales consideran que se trata de una concesión insuficiente dado que con esa propiedad el exfuncionario pretende cubrir también la reparación del daño por el presunto fraude con la empresa Altos Hornos, y por el cual también se encuentra procesado.
Lo que varias instancias federales han denunciado este año ante la FGR (y que ya dio paso a la apertura de nuevas carpetas de investigación) es que en el caso específico de Odebrecht no solamente hubo un hecho de corrupción al haberle entregado contratos como pago por sobornos, sino que además esto tuvo consecuencias muy graves para las finanzas tanto de Petróleos Mexicanos, como del país en general.
Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó en febrero y marzo pasados dos denuncias ante la Fiscalía en las que reportó un posible fraude a Pemex que asciende a 1 mil 250 millones 555 mil 400 pesos como resultado de los contratos que la constructora brasileña recibió para realizar diversos trabajos en la refinería ubicada en tula, Hidalgo.
A partir de diversas auditorías se corroboró que la simulación y fabricación de supuestas condiciones para justificar adjudicarle sin competencia a Odebrecht los contratos, trajo consigo que Pemex no buscó la mejor opción en términos de calidad y precio para cubrir las necesidades reales que tenía la refinería.
Ello abrió la puerta a la cotización de servicios y adquisiciones de bienes con precios muy por encima del mercado: hubo sobrecostos por más de 700 millones de pesos. Se detectó que la constructora brasileña presupuestó una mayor cantidad de insumos, herramientas y materiales a los que realmente se utilizaron; por ejemplo, se detectó un sobrante de varilla galvanizada por más de un millón 280 mil pesos que la constructora no justificó ni devolvió.
Ante el cúmulo de arteras violaciones contractuales, ni la administración encabezada por Lozoya ni la de los directores que le sucedieron aplicaron las penas correspondientes a la empresa, lo que significó una pérdida más para las finanzas de la compañía.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de Hacienda, por su parte, descubrió que una parte significativa de los recursos públicos que Odebrecht recibió al amparo de más de seis contratos no terminaron en los servicios prometidos, sino que fueron ilegalmente desviados a través de una red fraudulenta de lavado de dinero.
Los trabajos de inteligencia permitieron identificar que más de tres mil millones de pesos que salieron de Pemex y fueron transferidos a la constructora brasileña y a sus filiales, fueron enviados a un grupo de aproximadamente 30 compañías que carecían de recursos humanos y materiales para realizar cualquier servicio. Es decir, se trataba de compañías fachada o fantasma.
Dichas empresas triangularon el dinero con múltiples operaciones entre ellas. Finalmente, los recursos salieron del sistema bancario a través de cientos de retiros de dinero en efectivo realizados por probables prestanombres.
Por todos estos hechos la UIF ha presentado en 2021 dos denuncias formales ante la FGR y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción adscrita a la misma institución, ambas en contra de Emilio Lozoya, de las compañías implicadas y de todos los demás que resulten responsables.
Estos casos se suman a las denuncias previas que la propia UIF en conjunto con Pemex habían presentado por malos manejos y diversos hechos de posible corrupción en la administración de la compañía petrolera mexicana durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.
Se queda corto…
En julio de 2020 dos jueces federales consideraron que Lozoya Austin era probable responsable de los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa, peculado, entre otros. Esto como resultado de los sobornos por poco más de doce millones de dólares que recibió de las compañías Odebrecht y Altos Hornos de México para favorecerlas con diversos contratos.
Pero el exfuncionario federal no fue a prisión debido a que, a través de sus abogados, inició un proceso de negociación para buscar lo que la ley denomina “criterio de oportunidad”, y que se trata de una especie de perdón legal y exoneración para aquellos implicados en un delito que aportan información útil que permita probar la comisión de delitos más graves o en contra de personas de mayor importancia criminal.
Sin embargo, uno de los requisitos para que dicho beneficio se aplique es que la persona implicada repare además el daño que sus hechos causaron a las víctimas de los delitos. En este caso, las víctimas de los hechos de corrupción que se imputan en los casos Odebrecht y Altos Hornos son Pemex y el Estado mexicano.
De acuerdo con autoridades federales y fuentes implicadas en esta negociación, lo que Lozoya ha ofrecido para reparar dicho daño es ceder en definitiva una residencia ubicada en el número 20 de la calle de Ladera, en la colonia Lomas de Bezares, en la alcaldía Miguel Hidalgo. La propiedad, que desde 2019 se encuentra asegurada por agentes federales, está valuada en aproximadamente 35 millones de pesos.
Ni Petróleos Mexicanos ni la FGR han considerado que la cesión de esta propiedad sea suficiente para cumplir con la reparación del daño. En cambio, se le ha pedido la entrega y devolución de otros bienes y recursos que estén no solo a su nombre sino también al de familiares cercanos bajo el argumento de que fueron cómplices en la trama delictiva. Cabe recordar que por el caso Odebrecht también se giraron, en su momento, órdenes de aprehensión en contra de la madre, hermana y esposa del exdirector de Pemex.
Entre los bienes que las autoridades reclaman se encuentra, por ejemplo, otra residencia que la familia de Lozoya posee en Ixtapa Guerrero, y que en su momento fue adquirida en una operación que superó el millón. 200 mil dólares. Los recursos para adquirir esta propiedad al igual que los de la residencia de Lomas de Bezares, provendrían de los sobornos que se obtuvieron.
La entrega de propiedades no es el único obstáculo que enfrenta el exdirector de Pemex, pues a ello se suma la utilidad de los datos que ha aportado. Si bien el exfuncionario denunció en su momento una enorme red delictiva en la que implicó a más de 20 exfuncionarios, incluidos tres expresidentes, varios gobernadores y diversos secretarios de Estado, hasta ahora eso no se ha logrado traducir en procesos penales exitosos en contra de dichas personas.
Lo que Lozoya entregó fundamentalmente – además de la relatoría de los hechos irregulares – fue un video y copias de recibos en los cuales se demuestra que él coordinó la entrega de dinero en efectivo a un colaborador de un exsenador del PAN, Jorge Luis Lavalle Maury. Además, ofreció al menos tres testigos para corroborar las fechas precisas y los montos de las diversas entregas del dinero.
El problema es que hasta ahora estos elementos solo han alcanzado para poner en marcha un proceso penal en contra de Lavalle, quien fue encarcelado de manera preventiva en abril pasado.
Y si bien la FGR ya implicó ante un juez a personas como Peña Nieto o el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray de estar implicados en la trama delictiva de sobornos, hasta ahora no ha podido promover procesos en contra de ellos. Varios de los testigos presentados por el exdirector de Pemex se retractaron.
En octubre del año pasado la FGR hizo un primer intento por obtener una orden de aprehensión en contra del exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, pero un juez desestimó la petición al considerar que los datos iniciales aportados eran insuficientes y poco claros.
… Y se le acaba el tiempo
Autoridades del Poder Judicial indicaron que el pasado 19 de julio concluyó el plazo final que dieron los jueces federales que llevan los procesos contra Lozoya para que cerrara la fase de investigación y se defina si el exfuncionario será acusado formalmente para ir a juicio o, si de lo contrario, se le concede el criterio de oportunidad.
Hasta ahora, por las razones ya descritas, el exfuncionario no ha logrado convencer a la Fiscalía para que le conceda el beneficio, pese a que lleva mas de un año de negociaciones, y a que se le han concedido varias extensiones del plazo que originalmente era de solo seis meses.
Actualmente el procedimiento se encuentra detenido debido a que el mes pasado los abogados encabezada por los abogados Miguel Ángel Ontiveros y Alejandro Rojas solicitaron una ampliación de carácter “extraordinario” para tratar de llegar a un acuerdo con Pemex. Su objetivo es posponer la definición al menos hasta octubre o noviembre de este año.
Se prevé que sea esta semana cuando los jueces definan si autorizan dicho la nueva extensión de proceso. Aunque la FGR no se puede oponer a ello (pues es derecho de la defensa) si puede definir en cualquier momento si da por concluida la negociación con la defensa, lo que hasta ahora tampoco ha ocurrido.
Mega fraude en la impunidad
Las investigaciones por los sobornos que le permitieron a Odebrecht ganar contratos en México iniciaron oficialmente desde enero de 2017. Es decir, en unos meses se cumplirán ya cinco años desde que arrancaron dichas indagatorias sin que, hasta la fecha, haya una sola persona encarcelada y menos sentenciada por estos hechos. Y sin que tampoco exista ningún tipo de reparación del daño.
En el caso específico de Lozoya, él se encuentra sometido a proceso por los sobornos que ya aceptó haber recibido, pero hasta ahora ha evitado la cárcel. Su situación legal se ha vuelto más compleja debido a que, en el último año, la FGR ha iniciado al menos cuatro nuevas indagatorias por denuncias de la UIF y la ASF que dimensionan el daño patrimonial heredado por su gestión.
Pero no se trata del único implicado. Datos oficiales confirmados vía transparencia por Animal Político indican que tan solo por lo que respecta a Pemex hay otros 19 funcionarios de alto nivel que estuvieron implicados en las contrataciones irregulares con Odebrecht. De ellos siete continúan en altos cargos durante la administración actual sin ningún tipo de consecuencia.
Por lo que respecta a las irregularidades en la adquisición de la planta de fertilizantes Agronitrogenados (en condiciones de chatarra) a la empresa Altos Hornos, tampoco hay funcionarios encarcelados. Lozoya es el único procesado y permanece en libertad. En tanto, el director de la empresa privada, Alonso Ancira, consiguió su libertad tras permanecer solo unos meses en prisión luego de acordar con Pemex el pago – a plazos – de 216 millones de dólares como reparación del daño.
Y hay otras indagatorias que aún no llegan a manos de los jueces, como las relacionadas con la adquisición de la planta de fertilizantes Fertinal en el sexenio pasado, que también dejó perdidas por más de 11 mil millones de pesos. De judicializarse este fraude superaría en daño económico a los señalados anteriormente. Las denuncias respectivas ya fueron presentadas tanto por Pemex, así como por la ASF.
