Fernando Inés Carmona
-Orizaba, Ver. – La angustia agobia a los pacientes de VIH-Sida, el retraso en la licitación para la compra de retrovirales, los deja en la indefensión y a merced del desencadenamiento de una escalada de complicaciones que incluso les puede causar la muerte; urge que el gobierno federal anule la burocracia para la licitación y compra de los medicamentos, de lo contrario se corre un grave riesgo de brotes incontrolables en pacientes de esta enfermedad.
Y es que el problema no es para menos, señala Alejandro Mendoza Molina, activista y defensor de los derechos de pacientes con esta enfermedad, «pues el desabasto de retrovirales empieza ya a preocupar a los pacientes de VIH-Sida. En un documento enviado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desmienten la postura que asumieron Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, y Carlos Leonardo Magis Rodríguez, director de Atención Integral y encargado del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-Sida, quienes aseguran que el abasto de retrovirales está garantizado.
La realidad es otra, de entrada señala que desde el 7 de abril, «la Secretaría de Salud Federal emitió el comunicado de prensa número 136, en el cual el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el sida (Censida), entre otros puntos, afirma que: está garantizada la entrega de medicamentos antirretrovirales a los más de 97 mil pacientes que reciben hasta el momento tratamiento en las unidades de la Secretaría de Salud», igualmente señalaron que «se cuenta con abasto suficiente de dichos medicamentos para atender a quienes sean diagnosticados con la enfermedad; el proceso de compra de antirretrovirales para 2019, no ha afectado la dotación, ni comprometido la salud de las personas que reciben, o recibirán, atención y tratamiento, además que el personal a cargo de la línea de WhatsApp, encargado de la recepción de quejas de desabasto, no ha reportado un solo evento verificado de falta de medicamentos».
Sin embargo, lo que a diario viven los pacientes con VIH, es una calamidad, «a pesar de las afirmaciones hechas por Censida en el comunicado, las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos de las personas que viven con VIH-Sida hemos documentado que existe desabasto de medicamentos antirretrovirales en Oaxaca, Chihuahua, Tabasco y Tamaulipas. Esto lleva a pensar que, muy pronto, la situación afectará a otras entidades, sino es que esto ya está ocurriendo».
«La situación de desabasto no es nueva, ya que los Capasits, por ejemplo, de Ciudad Juárez, reportan que desde el 25 de marzo de 2019 no cuentan con 20 de los 26 medicamentos con los que se da tratamiento a los pacientes. El que no reciban oportunamente su tratamiento antirretroviral puede ser el detonante, no únicamente del deterioro de su salud individual, sino en un problema de salud pública de dimensiones catastróficas».
La suspensión de dicho tratamiento, explica, «puede ocasionar que la carga viral se salga de control dentro de los siguientes 5 a 7 días después de suspender el tratamiento, esto puede causar daños irreversibles a la salud de los pacientes, además de que se dan las condiciones para que surja resistencia a los medicamentos con que eran tratados anteriormente y se deba recurrir a otros de mayor complejidad, cuyos precios son, además, mucho más elevados».
«Ante esta alarmante situación, hacemos un llamado al presidente de la República, para que exija al secretario de Salud federal que se deje de ocultar el problema de desabasto y se tomen de inmediato las medidas necesarias para que los pacientes reciban oportunamente su tratamiento antirretroviral», según se da a conocer.
Pero eso no es todo, estas condiciones ya son del conocimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organismo que incluso pidió medidas cautelares para que se garantice la entrega oportuna de medicamentos, a los pacientes de VIH-Sida.
Por medio de un documento señala que este organismo autónomo «destaca la obligación y facultades de las autoridades para revisar los procedimientos administrativos de adquisiciones que impliquen el ejercicio de recursos públicos, lo que no justifica la suspensión o incumplimiento de los deberes de respeto, promoción, protección y garantía de los derechos humanos»
De hecho «la Comisión Nacional de Derechos Humanos, reitera el llamado a la Secretaría de Salud para que garantice el suministro de tratamientos antirretrovirales y con ello el derecho a la protección de la salud de personas con VIH afiliadas al Seguro Popular que se atienden en sus clínicas y establecimientos públicos, ante la posibilidad de desabasto de estos medicamentos por retrasos en los procesos de adquisiciones y el probable agotamiento de los inventarios existentes».
Lo anterior, motivado también por las afectaciones a la protección a la salud y a la vida de las personas sujetas a tratamiento en caso de no contar con sus medicamentos en forma oportuna, adecuada y sin interrupciones, así como por las repercusiones que pudieran generarse respecto a su adherencia y efectividad. La falta de entrega oportuna de medicamentos, no sólo provocaría detrimento en la salud de las personas con VIH, sino también que el virus desarrolle resistencias a los mismos, lo que, además, implicaría mayores erogaciones al surgir la necesidad de suministrar tratamientos más costosos a quienes pudieran resultar con afectaciones por el desabasto, se precisa.
En el mismo documento se dió a conocer que este organismo, «instó a las autoridades a tomar las medidas necesarias que garanticen los derechos de las personas con VIH, sobre todo, de las afiliadas al Seguro Popular que reciben atención en los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual, y en los Servicios de Atención Integral Hospitalaria, quienes no tienen acceso a algún otro servicio de seguridad social y solicitó a la Secretaría de Salud la implementación de medidas cautelares para generar las acciones de coordinación con las instituciones federales y locales que garanticen la existencia y ministración de medicamentos antirretrovirales para las personas sujetas a tratamiento, incluyendo a personas con VIH privadas de su libertad y personas migrantes, así como la relativa a la prevención de la transmisión materno infantil, la necesaria para la profilaxis post exposicional y la atención de casos nuevos.
Federación dejará sin tratamiento durante 2 meses
El Gobierno Federal dejará sin tratamiento antirretroviral por casi dos meses a 10 mil pacientes con VIH-Sida en el estado de Veracruz, advirtió el presidente de la asociación civil Coatza Vihve, Luis Alberto Ruiz.
Detalló que las autoridades suspendieron el servicio de proveeduría que realizaban dos empresas farmacéuticas por los altos costos, y para la compra de medicamentos habrá una licitación el 15 de mayo, pero puntualizó que el suministro comenzará en junio.
«Ya hay desafortunadamente dos estados de la República Mexicana que están presentando desabasto, se trata de Chihuahua y Yucatán.
Actualmente en Veracruz el abasto es normal, pero estimamos que en 15 días se agoten los medicamentos antiretrovirales, en todo el estado son aproximadamente 10 mil pacientes que están preocupados, enojados, pensando mil y un cosas porque se van a quedar sin abasto. En la zona sur hablamos de tres mil pacientes», expresó.
En entrevista, el activista lamentó esta situación y la comparó con lo sucedido con los pacientes oncológicos, pues afirmó que desde diciembre del 2018 costean su tratamiento.
Luis Alberto Ruiz exigió al gobierno que garantice el abasto de medicamentos en los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).
Tan sólo la Secretaría de Salud de Veracruz brinda atención a mil 600 pacientes en Coatzacoalcos, 800 acuden al IMSS, más de 300 personas en hospitales de Pemex en Coatzacoalcos y Minatitlán así como en el Issste.
Los pacientes con VIH-Sida, recordó, necesitan de su tratamiento diario, de lo contrario una infección puede poner su vida en riesgo. El costo mensual del medicamento va de los seis mil a los 30 mil pesos y aunque la asociación civil Coatza Vihve cuenta con un banco de medicinas, sólo alcanzan para 100 personas.
Fuente: La Jornada Veracruz