Agencias
– Durante el primer año de la administración del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares no se contó con un adecuado padrón de proveedores ni se revisó al momento de las contrataciones los posibles vínculos de los socios con funcionarios, además que se empleó a personal por honorarios sin la justificación debida.
De acuerdo con las áreas clave con riesgo identificadas dentro del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2017, que elaboró el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), se detectó que tanto en las dependencias estatales como en los ayuntamientos se advirtió que en los procesos de licitación no se verificó la constitución de las empresas y los posibles vínculos entre los socios y representantes legales.
Tampoco se cuenta con un padrón de proveedores y de contratistas de obras públicas debidamente integrado y no se verifica la veracidad de la información proporcionada.
Otra área clave con riesgo es la adquisición de bienes o servicios por Licitación Simplificada y/o al amparo del artículo 55 de la Ley 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles, pues las contrataciones por realizar en ocasiones no se apegan a los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
Resalta el informe que en la fiscalización se encontró que algunas adjudicaciones realizadas bajo esta modalidad tuvieron vicios en sus procesos, que producen un impacto que en las adquisiciones realizadas se generé un ambiente que propicie situaciones de fraude, al no contar con controles internos previstos en la propia normatividad aplicable.
Lo mismo ocurrió con la contratación de servicios profesionales por honorarios sin apego a la ley, pues se encontró que los procesos realizados para la contratación de servicios profesionales por honorarios carecen de normatividad específica y lineamientos internos que permitan evaluar la procedencia de las contrataciones y su impacto en los objetivos del Ente Fiscalizable.
Fuente: Coatza Digital
