Al Calor Político
Xalapa, Ver.- En la revisión de la Cuenta Pública 2018, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) aplicará en el Poder Judicial dos auditorías, una de Legalidad y otra Técnica-Financiera a los contratos de licitación para la construcción de las 21 Ciudades Judiciales, a través de Asociaciones Público-Privadas.
Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, auditor general, dijo que se elaborará el Dictamen Jurídico dentro de la auditoría integral a los procesos de licitación de los contratos para la construcción y conservación de las 21 ciudades judiciales.
Agregó que ya se inició el proceso de planeación de la Auditoría de Legalidad e incluso, ya se tienen datos y documentación que proporcionó el Tribunal Superior de Justicia, ya entregó documentación requerida.
Dijo que de las 21 Ciudades Judiciales, tres ya están en operación y el resto continúa en construcción.
Cabe recordar que el 5 de octubre de 2017, la Diputación Permanente de la 64 Legislatura de Veracruz autorizó al Poder Judicial de Veracruz celebrar una o más asociaciones público privadas para llevar a cabo la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de 17 Ciudades Judiciales en los municipios de Coatzacoalcos, Orizaba, Poza Rica, Acayucan, Huatusco, Misantla, Papantla, Tantoyuca, Huayacocotla, Chicontepec, Ozuluama, Zongolica, Minatitlán, Martínez de la Torre, Tuxpan, Boca del Río y Tierra Blanca.
Sin embargo, el 24 de enero de 2018, Edel Humberto Álvarez Peña, presidente Magistrado del Tribunal Superior de Justicia solicitó la rectificación del Decreto aprobado al haber identificado la necesidad de construir Ciudades Judiciales adicionales en algunos municipios distintos a los originalmente considerados, entre los cuales se encuentran Álamo-Temapache, Tampico Alto, Naolinco y Las Choapas, por lo que el 31 de ese mismo mes, el pleno de Diputados aprobó las solicitud para que en lugar de 17 Ciudades Judiciales, se construyeran 21.
Por lo que se autorizó al Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a convocar a uno o más concursos públicos y, en términos de los mismos, a celebrar, por conducto del Consejo de la Judicatura, uno o más contratos de asociación público-privada para llevar a cabo la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de 21 ciudades judiciales en distintos municipios del estado.
Las Ciudades Judiciales consisten en uno o varios edificios destinados a oficinas e instalaciones para operar como centros de impartición de justicia, y que, según las necesidades de cada municipio en que se construyan, podrán contar con: juzgados, salas de juicios orales, centros de mediación y de convivencia familiar, central de actuarios, oficialía de partes común, defensoría de oficio, auditorios, estancias infantiles y administración general.
El decreto aprobado señaló que el Poder Judicial deberá sujetarse a las disposiciones legales aplicables y a los límites establecidos a continuación: El monto total de las obligaciones en las que se podrá incurrir con motivo de la celebración de los contratos de asociación público-privada, considerados en su conjunto, ascenderá a la cantidad de hasta cinco mil millones de pesos, más impuesto al valor agregado, los rendimientos y el mantenimiento (precios a 28 de Septiembre de 2017).
El monto mensual de las obligaciones en las que se podrá incurrir con motivo de los contratos de asociación público-privada, considerados en su conjunto, ascenderá a la cantidad de hasta 17 millones de pesos más IVA (a precios de 28 de Septiembre de 2017), mismos que incluyen el componente de inversión pública productiva (valores reales a actualizarse conforme a la inflación).
Lo anterior, sin perjuicio de que el Poder Judicial podrá licitar los contratos de asociación público – privada de manera conjunta o separada, asignando a cada contrato el monto que le corresponda. El plazo máximo autorizado para cada uno de los contratos de asociación público-privada será de hasta 300 meses contados a partir de la fecha de conclusión de las obras del contrato respectivo.
