Redacción
– Ciudad de México.- A partir de este día, más de 180 países colaboran en la búsqueda, localización y detención de Frida Martínez Zamora y Jesús Orta Martínez, quienes se desempeñaron como titulares de la Secretaría General de la Policía Federal, en diferentes periodos del sexenio de Enrique Peña Nieto.
De a acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el gobierno mexicano solicitó a la Policía Internacional (Interpol), la emisión de una Ficha Roja por el delito de desvío de recurso.
La Ficha Roja fue emitida debido a que ambos exfuncionarios abandonaron el país, luego de que se acreditara que causaron un daño patrimonial por más de dos mil millones de pesos a la Policía Federal durante su paso por la corporación.
Como titulares de la secretaría general de la Policía Federal, entre sus facultades, tenían el manejo de recursos financieros, humanos y bienes de la corporación: Administraban bienes, autorizaban y organizaban licitaciones y adjudicaban contratos de bienes y servicios.
La orden de detención en contra de los ex funcionarios, se giró por autorizar la compra del programa de espionaje conocido como “Rafael”, lo que generó una deuda de más de mil 200 millones de pesos para la actual administración federal.
Además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que tanto Orta como Martínez, trasladaron recursos gubernamentales a sus cuentas personales a través de cheques que fueron expedidos a su nombre.
Hasta antes de ser señalado por haber cometido estos ilícitos, Orta Martínez se desempeñaba como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el gobierno de la Ciudad de México, con Claudia Sheinbaum.
Junto a Orta y Frida, otros 18 elementos de la corporación policial, son buscados por su relación con el mismo delito, según la Fiscalía General de la República (FGR).
En 2019 el Órgano Interno de Control (OIC) de la Guardia Nacional (GN) descubrió que entre 2013 y 2017, Jorge Carlos Ruiz y Verónica Tlahuitzo, director y subdirectora de Recursos Financieros de la PF, emitieron 246 cheques por esa suma en favor de Orta y Martínez. A su vez, ambos endosaron los cheques a favor de 15 de sus entonces subordinados, quienes acudieron a los bancos para cambiarlos por efectivo.
En la investigación, el OIC no encontró un solo documento que amparara las salidas de dinero de la partida 3370, referentes a Gastos de Seguridad Pública y Nacional, que por lo general es empleada para pagar viáticos e informes de indagatorias, entre otros rubros.
“Todos los cheques fueron endosados en favor de terceras personas para su cobro en efectivo; sin embargo, a la fecha se desconoce los motivos o conceptos de dichos endosos, según el propio resultado de la Auditoría, distrayendo así los recursos destinados a la Seguridad Pública Nacional», se lee en la orden de aprehensión librada en contra de los implicados.
En su edición del pasado 16 de agosto, Proceso publicó que el juez federal libró las órdenes de aprehensión contra los exfuncionarios por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuyo monto asciende a casi 2 mil 500 millones de pesos.
Fuente: Proceso.
