Agencias
– Xalapa, Ver.- Para erradicar el dispendio exorbitante, ya que año con año se develan escándalos de derroche de recursos en bienes y servicios suntuosos en la administración pública, el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, envió al Congreso del Estado la Iniciativa con Proyecto de Ley de Austeridad para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
La Ley que consta de 13 artículos y 3 transitorios incorpora a todos los funcionarios a los sistemas públicos de seguridad social y la consecuente prohibición de establecer regímenes privilegiados de jubilación, pensión o haberes de retiro, así como a contratar a cargo de recursos públicos, seguros privados de gastos médicos, de vida o separación, cualquiera que sea su denominación.
Evita el engrosamiento del aparato burocrático, desarrollando las funciones del Estado sin crear nuevas plazas. De este modo, el Estado aprovechará cada uno de los empleos que mantenga, que deberán estar plenamente justificados en el ejercicio de una función que aporte valor a la economía.
Y restringir a los casos estrictamente justificados por razón de necesidad en la función desempeñada, el uso de escoltas, elementos de seguridad, secretarios privados y asesores, los cuales no podrán ser encomendados o comisionados a actividades privadas o ajenas a su función.
Limita el uso de vehículos de propiedad del Estado al cumplimiento de fines de utilidad pública y servicio directo de la población.
Sólo podrán destinarse a fines diversos en los casos cuya necesidad se justifique por ser medio directo para el cumplimiento de una función pública.
Restringir el gasto en propaganda oficial, disminuyendo al mínimo posible la contratación de tiempos comerciales y concentrando en una sola dependencia su difusión.
Establecer límites al número de viajes oficiales al extranjero de cada ente público, prohibiendo la adquisición de traslados en servicio de primera clase o equivalente. Además, se establecerán reglas para topar los gastos de transporte, hospedaje y alimentación del servidor público comisionado.
Establecer límites para que no se excedan los montos erogados en el ejercicio presupuestal inmediato anterior en los gastos por servicios de telefonía, fotocopiado y energía eléctrica; combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, una vez considerados los incrementos en precios y tarifas oficiales o la inflación.
Se establece que no se podrán constituir fideicomisos, ni fondos, mandato o análogos públicos o privados, ni se permitirá que se hagan aportaciones de cualquier naturaleza que tengan por objeto alterar las reglas de disciplina y ejercicio honesto del gasto.
La Ley sólo permitirá que los servidores públicos con alta responsabilidad en materia de seguridad, procuración e impartición de justicia podrán disponer, con cargo al erario, de servicios de escolta.
En ningún otro caso se autorizará la erogación de recursos de los respectivos presupuestos ni el establecimiento de plazas para funciones de escolta.
El mismo principio aplicará para la erogación de recursos para blindaje automotriz y cualquier otro gasto relativo a la protección de servidores públicos.
Los ahorros y economías obtenidos con motivo de la aplicación de la Ley serán destinados a los programas prioritarios de atención a la población y programas sociales con asignación de recursos del Presupuesto de Egresos del Estado y demás leyes aplicables.
La ley suprime gastos para seguro médico particular, automóviles nuevos, camionetas blindadas, choferes, guardaespaldas, viajes en helicópteros o aviones privados y en muchos casos comidas y bebidas, comportamientos que durante varias décadas se consideraron normales entre los políticos y gobernantes.
Todos los servidores públicos de la entidad recibirán los beneficios del sistema público de seguridad social correspondiente.
El Gobernador justifica que es menester recuperar la dignidad del servicio público y la única vía es tener en cuenta que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, que la situación económica que viven las familias de nuestra Entidad vuelve necesario eliminar los privilegios y derroches de la alta burocracia.
La función pública debe descansar sobre los mismos cimientos de una sociedad más igualitaria y justa, que someta a los poderes del Estado, a los órganos autónomos y demás entidades del Estado mexicano a adoptar principios estrictos de austeridad.
Queda prohibido establecer o cubrir con recursos públicos haberes de retiro o regímenes especiales de jubilación o pensión, así como la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida o de separación individualizada o colectiva por parte de los entes públicos locales para beneficio de cualquier servidor público, con excepción de aquellos necesarios por corresponder a una función de alto riesgo, conforme a lo establecido en la ley.
Durante el ejercicio fiscal no se crearán plazas adicionales a las autorizadas en el Presupuesto de Egresos del Estado, ni se asignarán previsiones adicionales para tal efecto.
Los vehículos oficiales que se adquieran serán económicos y preferentemente se adquirirán los que generen menores daños ambientales.
El gasto neto total asignado anualmente a la difusión de propaganda oficial por los entes públicos del Estado, se sujetará a los montos máximos que para el efecto fije la autoridad competente en disposiciones generales, mismos que se ajustarán a lo estrictamente indispensable para dar cumplimiento a los fines informativos, educativos o de orientación social cuya difusión se determine necesaria.
Fuente: Coatza Digital
