México – Los jueces y magistrados mexicanos aprobaron el inicio de una huelga indefinida, a partir del miércoles, para protestar contra la reforma judicial que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta acción se suma al paro de alrededor de 55.000 trabajadores del sector, que inició el lunes. Uno de los puntos más polémicos que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador es la designación de jueces mediante elección popular. La huelga afecta a al menos 20 de los 32 estados del país.
Con cadenas y candados permanecen las entradas de las puertas de decenas de cortes en México, mientras cientos de jueces y magistrados se preparan para iniciar el miércoles 21 de agosto una huelga indefinida contra la reforma judicial.
«Se suspenden indefinidamente las labores en el Poder Judicial de la Federación en toda la República mexicana hasta que nuestras peticiones sean escuchadas», señalaron en un comunicado varias organizaciones que agrupan a personas empleadas del sector.
El paro fue aprobado este martes 20 de agosto mediante una votación virtual de los juristas que forman parte de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial.
Durante el tiempo por el que se extienda la protesta, solo serán atendidos “casos urgentes”.
La reforma es impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya presentó su propuesta de cambios al Congreso.
«Esta decisión es de vital trascendencia en la defensa de la autonomía del Poder Judicial de la Federación, pilar de nuestro sistema democrático y por ello hoy, personas trabajadoras y juzgadoras hemos decidido defender en unidad: la República, la independencia judicial y la división de poderes para garantizar el futuro de las generaciones venideras», señaló la nota.
Esta huelga se suma al cese de actividades que ya iniciaron alrededor de 55.000 trabajadores del sector, el lunes 19 de agosto.
ABC de la polémica propuesta de reforma judicial en México
La iniciativa esencialmente plantea la designación de los jueces por elección popular, así como la creación de dos nuevos órganos administrativos.
Hasta ahora, en México rige un sistema mediante el cual los jueces y empleados de los tribunales ascienden de puesto tras años acumulados de experiencia.
Según denuncian los magistrados, la reforma permitiría que cualquier persona graduada en derecho y algunos años de experiencia como abogado pueda ser elegida como juez, debido a que el partido oficialista obtuvo importantes mayorías en las recientes elecciones generales del país. Y remarcan que esos magistrados que resulten electos podrían actuar a favor de los intereses del Gobierno, que desde el próximo 30 de septiembre estará encabezado por la sucesora de López Obrador, Claudia Sheinbaum.
En un comunicado, los sindicatos criticaron el impulso de la reforma como un asunto apresurado y un peligro para el «único contrapeso» al dominio del partido gobernante Morena tanto de la presidencia como del Congreso.
Una postura con la que coincide la oposición, que señala que los cambios impulsados por el presidente ponen en riesgo la independencia judicial.
Por otra parte, los trabajadores del sector judicial destacan que los cambios que el mandatario presentó al Congreso amenazan sus derechos, ya que pondrían en riesgo sus condiciones laborales, prestaciones y salarios.
Por su parte, el jefe de Estado mexicano alega que su reforma, que ya presentó al Congreso, apunta a sanar un sector en el que, según asegura, existe corrupción y privilegios y sirve a intereses privados.
«No quieren un auténtico estado de derecho, quieren un Estado torcido», aseguró el presidente en una rueda de prensa el 19 de agosto.
El mandatario ha sostenido frecuentes desacuerdos con los jueces y suele publicar los nombres de aquellos que han emitido fallos que el mandatario no aprueba. En particular, se ha enfrentado con los magistrados de la Suprema Corte de México, que han tratado de detener algunas de sus iniciativas, y los ha ridiculizado regularmente al tildarlos de “corruptos”.
La reforma judicial es una de las principales prioridades del presidente saliente y el próximo mes, el último mes de mandato del líder izquierdista,
El Congreso electo votará sobre el proyecto de reforma constitucional.
La reforma propuesta preocupa a los inversionistas, que han expresado temores de que se produzcan fallos legales politizados o inciertos si se aprueba por la mayoría de dos tercios de los legisladores necesaria para cambiar la constitución.
El partido Morena de López Obrador tendría los votos necesarios para promulgar la reforma tras las elecciones del pasado junio.
Fuente: france24
