Así se revela en el reporte anual de Braskem-Idesa ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés), presentado el 15 de junio pasado, en el que se advierte que si el gobierno federal sigue incurriendo en fallas al entregar etanol a la planta petroquímica y entrega menos de los 66 mil barriles diarios acordados durante medio año, “Braskem puede obligar a Pemex a comprar el complejo mexicano” ubicado en Veracruz.
“En el evento de que Pemex TRI falle… puede (i) dejarnos incapaces de generar suficiente capital para dar servicio a nuestros acreedores (ii) causar a los acreedores a acelerar su deuda u (iii) obligar a Braskem-Idesa a ejercer la terminación y poner una opción contra Pemex TRI que obligaría a Pemex a comprarnos el complejo”, se destaca en el reporte.
Se agrega que la petrolera apenas ha logrado cumplir con las entregas de etanol pactadas y que sobre la empresa productiva pende una especie de amenaza permanente: cumplir o detonar la cláusula nuclear.
“El acuerdo de abastecimiento de etanol contiene un pacto sobre el volumen de entrega que obliga a Pemex a entregar el volumen de etanol que promedie el 70% de lo acordado… hasta enero de 2020, las entregas de Pemex se mantenían cerca, pero aún por encima del umbral del 70%”, destaca el informe. “En el caso de la terminación del contrato y de que ejerzamos la opción (que obliga a Pemex a comprar Etileno XXI), no hay certidumbres de que Pemex no retará la decisión para tratar de evitar comprarnos el complejo mexicano”.
De acuerdo con el reporte,“si Pemex falla en entregarnos un porcentaje determinado de etanol contractualmente especificado durante seis meses consecutivos, tendremos el derecho de terminar el acuerdo con Pemex y exigirle pagar a otras partes involucradas en el proyecto una parte igual al valor determinación de este proyecto (el valor del cual se determina conforme el contrato y toma en consideración, entre otros factores, la deuda del proyecto y la cantidad invertida en el proyecto hasta el momento)”.
En total, según un comunicado de prensa emitido en 2012, Braskem estima que el valor de la planta y el proyecto en general puede ascender a 4 mil 500 millones de dólares, el equivalente a 96 mil millones de pesos, o una quinta parte del presupuesto total de Pemex para 2020. Para dimensionar el tamaño del impacto que tendría en las finanzas públicas, es prácticamente la totalidad del presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional para este año, o una octava parte del presupuesto nacional de Educación.
A la par, Braskem incluyó en su sección de riesgos que no descarta la posibilidad de que la planta sea expropiada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
“Nuestro acuerdo de suministro etanol podría ser modificado a través de medios regulatorios, o terminado o puesto en riesgo por Pemex como resultado de la presión política para no cumplir con lo acordado, cambiar los acuerdos, iniciar medidas expropiatorias o un cambio en las leyes o regulaciones por parte del gobierno mexicano”, se expone en el texto.
Junto a esa advertencia, Braskem-Idesa informó a las autoridades estadunidenses que las penas acumuladas y no pagadas por la interrupción del suministro de etanol a la planta ya ascienden a casi 40 millones de dólares.
Tan solo seis meses de multas, entre 2019 y 2020, costaron al erario mexicano 840 millones de pesos o el equivalente a 3 mil 240 pesos cada segundo. Esas multas siguen sin pagarse, por orden de la Presidencia de la República, en tanto se halla la forma legal de anular un contrato que ya ha generado daños al erario por el monto de 15 mil millones de pesos.
Frente a eso, se informó a la SEC que “Pemex no está cumpliendo con sus obligaciones contractuales… en el cuarto cuarto de 2019 y en el primer cuarto de 2020, Pemex tendría que habernos entregado notas de crédito relativas al primer cuarto de 2019… a la fecha de este reporte anual, Pemex aún tiene que darnos estas notas crediticias”.
El informe anual de Braskem destaca que se han lanzado negociaciones con la empresa productiva del Estado mexicano para abordar la continua falla en la entrega de etanol y la insistencia de la petrolera de no pagar las penalizaciones establecidas en el contrato firmado durante el sexenio de Felipe Calderón, mismo que ha sido denunciado por el presidente López Obrador como “leonino” por sus condiciones desventajosas para el gobierno federal.
Se advierte, asimismo, de posibles acciones legales que incluyen arbitrajes: “No podemos dar ninguna certeza del resultado de las discusiones (con Pemex) y en cualquier momento podríamos iniciar acciones legales en contra de Pemex por sus continuos default bajo el acuerdo de suministro de etanol, por ejemplo, procedimientos de arbitraje en contra de Pemex siguiendo el default y las notificaciones que esto detonaría”.
