Alan Garrido
– Coatzacoalcos. – La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al Gobierno de Veracruz tras la represión de la que fueron objeto pensionados y jubilados del Instituto de Pensiones en los tiempos de Flavino Ríos Alvarado.
Esta recomendación de la CNDH se hizo a raíz de las represiones realizadas por el Gobierno del Estado el pasado 23 de diciembre del 2015, cuando un grupo de jubilados que cotizan en el IPE, se manifestaban en la capital del Veracruz por la falta de pago de sus pensiones y aguinaldos, el grupo fue replegado con el uso de la fuerza pública.
La presidenta de la Coalición de Pensionistas Independientes de Estado de Veracruz, Margarita Vargas Hernández, dio a conocer que la denuncia por este hecho se hizo ante instancias legales, así como la CEDH y la CNDH, siendo ésta última la que les dio respuesta, aunque sea dos años después.
¿Cuáles son las recomendaciones?
Las recomendaciones de la CNDH fueron claras y van dirigidas a diversas entidades públicas.
En primera instancia, la Secretaría de Finanzas y Planeación Social, debe establecer mecanismos que aseguren la transparencia de los recursos públicospara las dependencias y organismos locales, en especial para el Instituto de Pensiones; además el Gobernador en turno debe entregar constancias de que se está tomando esta medida en tiempo y forma.
El gobernador del Estado deberá designar un enlace con la Comisión Nacional de Derechos Humanos [obligadamente un funcionario de alto nivel] para dar seguimiento de las recomendaciones.
El Instituto de Pensiones debe tomar las medidas necesarias a fin de que se cumplan debidamente las prestaciones de seguridad social a las que tengan derecho las personas pensionadas.
También se integrará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado a diversos servidores públicos del Instituto de Pensiones y se solicitó a la Fiscalía General del Estado colabore para llevar a fin estas denuncias.
De no llevarse a cabo estas recomendaciones, la CNDH podría llamarlos a comparecer ante la cámara de Senadores, para que expliquen el motivo de su negativa.
Un logro que podrían los pensionados haber logrado con la denuncia que pusieron ante la CNDH, es que las personas que participaron en la marcha donde fueron violentados, están siendo en inscritos en una lista para la “Protección de Víctimas”, donde se les daría atención personalizada a sus casos.
Inconvenientes
Desafortunadamente, el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, ha obstaculizado las denuncias interpuestas desde la agresión que los pensionados sufrieron, pues no ha agilizado las diligencias y no se ha concluido ninguna carpeta de investigación.
En distintas situaciones, quedó evidenciado el encubrimiento por parte del nuevo gobierno para favorecer a funcionarios duartistas, primero en relación a los cheques en blanco que emitieron a los pensionados, y posteriormente, solo contra los policías que participaron en la represión de los jubilados, sin llamar a ninguna otra autoridad.
Estas recomendaciones deberán estar presentes tanto en el Gobierno Estatal como en el Instituto de Pensiones del Estado, a fin de evitar que una situación así se vuelva a presentar, sobre todo por tratarse de personas adultas, catalogadas como grupos prioritarios.
Fuente: Coatza Digital
