Redacción
– Ciudad de México.- El Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal le negó este miércoles la suspensión definitiva a Guillermo Álvarez Cuevas, expresidente de la cooperativa Cruz Azul, contra cualquier orden de aprehensión.
Álvarez Cuevas presentó el recurso el pasado 10 de marzo en el cual reclama la violación a los artículos 1, 14, 16 17 y 20 de la Constitución.
En aquella fecha el juez admitió la demanda de garantías y le otorgó a Álvarez Cuevas la suspensión provisional así como el pago de una garantía de 130 mil pesos.
Sin embargo, este 12 de agosto se publicó la decisión del juez Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, negándole la suspensión definitiva.
A finales de julio un juez federal con sede en el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, libró una orden de aprehensión en contra Álvarez Cuevas, por la presunta comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
La orden de captura se libró por parte del juez federal Iván Zeferino Hernández a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), y en caso de que sea detenido, si se considera que existen elementos suficientes para acreditar la existencia de delincuencia organizada, el exdirectivo de la Cruz azul no tendría derecho a la libertad bajo fianza.
Aparte de Álvarez, se habrían girado órdenes de aprehensión contra Mario Sánchez, director financiero; Eduardo Borell, director jurídico; Víctor Garcés, exdirectivo de la cooperativa, y del abogado Ángel Junquera.
SE INVESTIGA DESVÍO DE MIL 200 MILLONES DE PESOS
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), mantiene bloqueados los recursos financieros de Guillermo Álvarez Cuevas, así como los de su hermano José Alfredo y su cuñado Víctor Manuel Garcés Rojo.
En su momento detalló que dicha acción se tomó tras detectar movimientos inusuales en el sistema financiero, aunque dijo, las cuentas bancarias para el funcionamiento y operación de la cooperativa, así como del equipo de futbol Cruz Azul estaban libres para salvaguardar los derechos laborales y salariales de los trabajadores de las diversas empresas.
Fuente: Excelsior
