– Según el informe «Defender los Derechos Humanos en México: El sexenio de la impunidad» (junio 2017 a mayo de 2018), en Veracruz se registraron 26 violaciones de derechos humanos a activistas sociales por parte del Estado: 10 violaciones de derechos humanos, 11 detenciones arbitrarias, dos ejecuciones extrajudiciales, tres desapariciones forzadas, éste último delito pone en foco rojo a la entidad veracruzana, en su mayoría se está afectando a los defensores del territorio y a quienes están en contra de los proyectos extractivos.
El informe fue realizado por las organizaciones Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos A.C., el Comité Cerezo México y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, en donde se refleja la magnitud y gravedad de las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado mexicano en contra de las personas defensoras de los derechos humanos que, por ejercer o defender uno o varios derechos, fueron agredidas.
Las violaciones documentadas son: la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada, la detención arbitraria y las amenazas, hostigamiento y ataques físicos en contra de las personas defensoras de los derechos humanos, que en el país sumaron 949 casos.
De 532 detenciones arbitrarias en el país, 11 fueron en Veracruz, de 38 ejecuciones extrajudiciales en el país dos se registraron en el estado y Veracruz junto con Michoacán están en foco rojo en desaparición forzada, cada una de las dos entidades registró tres casos.
Con este informe se puede constatar que la estrategia de represión política, «con el uso de todas las modalidades que documentamos, está dirigida con mayor insistencia en contra de quienes denuncian que las reformas estructurales neoliberales violan legalmente los derechos humanos de grandes capas de la población: el primer lugar lo ocupan, con 224 actos de violación a los derechos humanos, quienes denuncian la reforma educativa de corte neoliberal aprobada en este sexenio».
En segundo lugar, con 219 actos, están aquellos que ejerciendo el derecho humano a la protesta son reprimidos; el tercer lugar, con 74 incidentes, corresponde a los defensores que de manera general defienden la tierra y el territorio, indígenas y no indígenas, e incluso comunidades urbanas que resisten a las políticas extractivistas o privatizadoras del territorio; siguen los ambientalistas, con 72 actos; en el séptimo lugar, con 38 casos, se agrupan a las organizaciones sociales nacionales o grandes a nivel territorial que defienden una variedad grande de derechos humanos y que son reprimidas no necesariamente por la defensa exclusiva de algún derecho humano, sino por la labor que realizan en general por una vida digna, como sinónimo de los derechos humanos.
Todas estas cifras muestran que existe una estrategia de represión política que recurre a graves violaciones a los derechos humanos con el objetivo de detener y desarticular los esfuerzos de defensa de éstos entre la población mexicana. Igual muestran que, en el periodo que abarca este informe, debido a la lógica electoral, la estrategia represiva disminuye apenas ligeramente el número de violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado, al mismo tiempo que aumenta la intensidad y selectividad de ellas, señala el informe.
Fuente: La Jornada Veracruz
