Alejandro Ávila
-Veracruz, Ver.- El secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) a denunciar un presunto daño patrimonial en el área de Espacios Educativos por poco más de 670 millones de pesos, cantidad que corresponde a recurso federal y estatal no ejercido.
Aclaró que este presunto acto de corrupción corresponde específicamente a la pasada administración estatal, y refiere a no aplicación de programas como «Escuelas al Cien», FONREGION, FONDEN, entre otros.
«(Es) contra quien resulte responsable. Al final quien tiene que avocarse a la investigación es el Fiscal. Esta misma denuncia se presentó en la Fiscalía del Estado pero está detenida, no hay ningún avance, no se ha mandado a llamar a nadie, está en la ‘congeladora’ y como hay fondos federales, es por ello que hoy nos encontramos aquí», apuntó.
Por su parte, Ricardo García Jiménez, director de Espacios Educativos, dijo que ese dinero no está comprobado y tampoco fue ejercido, y no existe una explicación clara de donde quedó ese dinero.
«Son dos montos, suman en total 670 millones de pesos (…) el periodo abarca desde el 2012 al 2018. Definitivamente estamos hablando de infraestructura educativa, obras que no se llevaron a cabo, obras que no se pagaron, que inexplicablemente no le dieron respuesta a empresas que estaban ejecutando obra que quedó inconclusa porque ya no se les quiso pagar, pero tampoco explicaron en donde quedó ese dinero», recalcó.
Detalló que en una supervisión de 500 obras de Veracruz se dieron cuenta que estas quedaron inconclusas por falta de pago a las empresas desarrolladoras. Ambos funcionarios acusaron que la pasada administración ejerció en octubre –sin tener ya jurisdicción– contratos con recurso federal por 400 millones de pesos con diferentes empresas de Veracruz, mismas que tienen detenidas obras por 240 millones de pesos y los restantes 160 millones van avanzando pero de manera lenta.
«Queremos reiterar que aquellas empresas que no respondan, y ahorita que se van a denunciar, van a salir boletinadas y tendrán que ver legalmente su situación civil, incluso en esa investigación que se dio de esas empresas fantasma, porque también se ha estado buscando, por ejemplo, el domicilio de la empresa y no se encuentra. Se han buscado los domicilios fiscales que ellos plantean y no están ahí”, remató Escobar García.
Fuente: Al Calor Político
