Agencias
– Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), escribió un tuit que zanjó un problema que la Secretaría de Bienestar venía acarreando desde el mes de marzo: un presunto fraude con tarjetas bancarias de programas sociales.
“Ante la alerta de la @bienestarmx, la #UIF ha identificado al autor del fraude bancario contra personas, a quienes se les ofrecía supuestos apoyos sociales por la emergencia #covid-19 a cambio de un depósito. Hemos congelado las cuentas y dado vista al sistema financiero”, escribió Nieto Castillo.
Los falsificadores pedían a los potenciales beneficiarios, habitantes de Chiapas, depositar 300 pesos, incluso desde una tienda de conveniencia, a una cuenta bancaria, para poder “activar” el plástico para supuestamente tener acceso a los recursos. Hasta ahora, la Secretaría de Bienestar no tiene una cifra exacta de cuánta gente cayó en la trampa. ¿Pero cómo dieron con el autor del fraude? Aunque no fue fácil, el presunto delincuente fue aparentemente ingenuo: “detectamos que el número de la tarjeta era el número de cuenta y lo informamos a la UIF”, explicó brevemente una fuente de la dependencia. La Secretaría de Bienestar, específicamente la subsecretaría que encabeza Ariadna Montiel, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) y ahora es una investigación en proceso, por lo cual no se pueden dar más detalles del caso.
Sin embargo, las tarjetas bancarias mediante las que se reparte dinero de programas sociales a población vulnerable han sido objeto en numerosas ocasiones de intentos de fraude, mediante falsificaciones como la de esta ocasión, pero también por clonaciones, incluso operadas desde el interior de la institución bancaria oficial, ahora Banco del Bienestar, antes Banco Nacional de Servicios Financieros (Bansefi).
No obstante, especialistas en diferentes disciplinas coinciden en que las tarjetas bancarias son la manera más segura y eficiente para dispersar recursos públicos destinados a apoyos sociales, pues evitan el movimiento de efectivo y permiten seguir el rastro del dinero, lo que facilita la rendición de cuentas. “Sería peor el uso del efectivo, es mucho mejor tener una línea electrónica, es lo que hace los países en general”, opina Gonzalo Hernández Licona, ex titular del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
El problema en esta ocasión ni siquiera fue que se vulnerara el sistema informático que dispersa el dinero, sino el burdo intento de fraude al entregar plásticos apócrifos a cambio de dinero.
Fuente: Coatza Digital
