Nora Nancy Gaspar 

– Ciudad de México.- Pese a que en el país hay 22 estados que cuentan con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), en al menos 14 entidades los feminicidios han seguido al alza desde el momento en que se decretó la alerta, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Activistas y especialistas en violencia género consideraron que la inacción y no realizar las investigaciones con perspectiva de género es lo que provoca que persistan estos delitos en contra de las mujeres.

Hasta el año pasado en México se habían emitido 25 alertas en 22 entidades, de las cuales tres, Veracruz, Guerrero y Estado de México, cuentan con doble AVGM. En los dos primeros estados fue por Violencia Feminicida y por Agravio Comparado, mientras que en el territorio mexiquense la segunda se decretó por el alto índice de desaparición de mujeres.

Actualmente están en proceso las solicitudes de Alertas de Violencia de Género para la Ciudad de México y otra por violencia feminicida para Veracruz, por lo que, de decretarse, esta entidad acumularía tres AVGM.

En 14 entidades federativas el número de feminicidios creció durante 2021 en comparación con el año en que se decretó. Estos estados son: Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí y Veracruz.

La violencia de género ha sido una de los principales retos de los estados. Crímenes como los de Luz Raquel Padilla, Margarita Ceceña, Irma Lydia, Debanhi Escobar, Abril Pérez, Fátima, Ingrid Escamilla, entro muchos más, han generado indignación a lo largo y ancho del país y le han valido críticas a las autoridades de procuración de justicia.

Luz María de la Luz Estrada Mendoza, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), indicó que la Alerta de Violencia de Género, a pesar de que es un buen mecanismo se ha enfrentado a las resistencias por parte de las entidades federativas que la han implementado.

“El problema es que se enfrentó a que no había una política mínima de atención, prevención y sanción a la violencia de género en los estados y un ejemplo de ello es que a la fecha no hay bancos de datos desagregados por género en las entidades federativas […] Lo que ha pasado es que este mecanismo, que está establecido en una Ley, tenía que tener un marco y un reglamento que lo aterrizara, y (las autoridades) le han puesto candados. Entonces, el reglamento, más que facilitar, se vuelve un obstáculo”, dijo en entrevista.

La experta insistió en que la falla es que no se establecieron mecanismos y parámetros metodológicos adecuados para el seguimiento y para evaluar los estados, a fin de medir el impacto de la Alerta.

“Lo que no ha funcionado es que se decretó una Alerta, pero no se estableció nada en cuanto a la temporalidad (de dar informes), ni los criterios en los que se podía levantar, nunca se desarrollaron esos criterios. Los criterios establecidos eran muy generales, pero no se establecieron cuáles serían los indicadores de medición que permitan saber cuáles fueron los cambios importantes en la prevención, en el tema de seguridad y en el tema de procuración de justicia”, dijo.

Fuente: Sin Embargo

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