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Xalapa, Ver.-Durante las administraciones de Fidel Herrera Beltrán, Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares, funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) usaron de forma indebida más de 13 mil 400 millones de pesos de la Reserva Técnica del Instituto de Pensiones del Estado (IPE). El dinero que era de trabajadores, jubilados y pensionados habría sido desviado. Por ello el organismo interpuso siete denuncias penales en contra de exfuncionarios y seis exsecretarios de despacho.
 
Los servidores públicos encargados del manejo financiero en esa época son: Salvador Sánchez Estrada, integrante del gobierno fidelista; Tomás Ruiz González, Fernando Charleston, Mauricio Audirac Murillo y Antonio Gómez Pelegrín, todos ellos titulares de Sefiplan en el sexenio de Javier Duarte, quien fue sentenciado a 9 años de prisión por asociación delictiva y lavado de dinero; Clementina Guerrero, quien fue la primera encargada de la dependencia en la administración del panista Miguel Ángel Yunes y actualmente es tesorera en el Ayuntamiento de Xalapa; y Guillermo Moreno Chazzarini, quien concluyó el bienio panista (2016-2018).
 
Este 25 de marzo la titular del Instituto de Pensiones del Estado, Daniela Griego Ceballosconfirmó que se han presentado poco más de 30 denuncias por el mal manejo de la reserva técnica del IPE, así como por el retraso en la transferencia de las aportaciones que se le retienen a los trabajadores estatales, municipales y de organismos autónomos.
 
De las 30 querellas, al menos cinco se refieren al mal manejo de la reserva que se conformó con las aportaciones de los trabajadores, independientes a las dos denuncias que presentó el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) por el mal manejo en 2015.
 
La reserva técnica del IPE es el fondo económico que se crea mediante contrato y se constituye con los recursos en efectivo o en especie que se integran, invierten y administran para garantizar las prestaciones y servicios del instituto y sus derechohabientes.
 
Seis secretarios involucrados en el presunto desvío de fondos públicos
 
De acuerdo con datos del Instituto el 22 de noviembre del 2018, a solo ocho días de terminar el periodo del panista Miguel Ángel Yunes Linares, el entonces titular del IPE, Hilario Barcelata Chávez, presentó tres denuncias penales por el mal manejo de recursos públicos en los años 2008 hasta el 2017. El monto supera los 10 mil 440 millones de pesos.
 
El funcionario panista documentó y denunció las presuntas irregularidades de las últimas tres administraciones estatales, incluidos sus compañeros de gabinete que usaron de manera irregular fondos por más de mil 500 millones de pesos, recursos que se presume se usaron para pagar pensiones y jubilaciones, hecho que está permitido por la Ley, pero la omisión radica en que se incumplió con la obligación de reintegrar los fondos a las cuentas del instituto.
 
La carpeta de investigación 841/2018, que se presentó el 22 de noviembre del 2018, incluye el mal manejo de 7 mil 887 millones 312 mil pesos. Se presentó contra quien resulte responsable por no reintegrar recursos de la reserva técnica.
Esa denuncia incluye el mal manejo de recursos en febrero del 2010, cuando el entonces secretario Salvador Sánchez Estrada, autorizó la transferencia de 355 millones de pesos, que nunca regresaron a la cuenta original.
 
Tomás Ruíz González usó de manera indebida más de 2 mil 100 millones de pesos en enero del 2011, marzo del 2012 y 2013; Fernando Charleston quien sólo estuvo en el cargo un año dos meses (marzo 2013-julio 2014) transfirió 974 millones de pesos de la reserva el 29 de enero del 2014. Tampoco reintegraron los fondos.
 
Para febrero del 2015, Mauricio Audirac Murillo, quien estuvo a cargo de la Sefiplan de julio del 2014 a marzo del 2015, usó fondos de la reserva técnica por mil 571 millones de pesos. El movimiento bancario se registró el 09 de febrero de ese mismo año y el dinero solo salió de la cuenta de origen, pero no se reintegró
 
El 14 de abril del 2016 Antonio Gómez Pelegrín -que ocupó el cargo de marzo del 2015 a octubre del 2016- transfirió de la cuenta de la reserva técnica mil 377 millones de pesos.
 
Barcelata Chávez también denunció el uso de mil 582 millones de pesos, el dinero se transfirió el 26 de diciembre del 2017. Ya ocupaba el cargo Clementina Guerrero, quien después de renunciar al gabinete Yunista regresó a la vida pública como Tesorera del Ayuntamiento de Xalapa. 
 
La segunda denuncia es la 842/2018, se presentó a una semana de concluir la administración Yunista, en ese expediente se acredita el uso irregular de 680 millones 602 mil pesos del fideicomiso público de la reserva en el año 2009.
 
La tercera querella que quedó radicada con el número 840/2018, acredita siete transferencias de cuentas de banco del IPE a otras instituciones crediticias, entre ellos Bancomer y Banorte, por un monto total de mil 874 millones de pesos.
 
En el caso del ejercicio fiscal 2017, durante el periodo de Guillermo Moreno Chazzarini, se descontó a los pensionados el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por 4 millones 552 mil pesos, pero no se acreditó quien era el responsable del manejo de los recursos. La carpeta de investigación es la 606/2018, se inició en septiembre del 2018.
 
Hilario Barcelata también denunció irregularidades en la Operadora de Hoteles en los años 2015 y 2016 por 700 mil pesos. Esa denuncia es la 797/2018 y se presentó el 8 de noviembre del 2018.
 
El ORFIS denunció daño patrimonial del 2017
 
Datos del Órgano de Fiscalización, publicados en el portal http://www.orfis.gob.mx/denuncias-penales/, confirma la existencia de dos denuncias penales por el manejo financiero del año 2015.
 
En esa ocasión, las auditorías confirmaron el desvío de 284 millones 870 mil pesos, que se tomaron prestados de la reserva técnica. La denuncia es la 552/2016. La otra querella -la 004/2017- acredita el mal manejo de 2 mil 709 millones de pesos de la reserva técnica.
 
Las denuncias presentadas por el ente fiscalizador, así como por el extitular del IPE, acreditan el presunto mal manejo de más de 13 mil millones de pesos de la reserva creada con las aportaciones de los trabajadores jubilados, pensionados y en activo.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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