-Xalapa, Ver.- El pasado 30 de noviembre, horas antes de concluir la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, se retiraron 400 millones de pesos de las cuentas del gobierno de Veracruz. Lo anterior lo señaló el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco.
Así, el funcionario rechazó que se hayan solicitado más de los dos mil 500 millones de pesos a los que el actual gobierno de Cuitláhuac García Jiménez accedió mediante un crédito quirografario, de ahí que “no hay secretos” sobre este tema.
Sostuvo que esta deuda a corto plazo sirvió para hacer frente al pago de obligaciones el pasado mes de diciembre, sobre todo ante los retiros de último momento que concretó la administración saliente.
“Somos un Estado financieramente funcional y capaz para atender sus obligaciones de gasto público corriente, así como el de inversión pública”, dijo Lima Franco.
Consideró que el gobierno actual está demostrando transparencia y un manejo ordenado de los recursos, lo que no ocurrió en el bienio de Yunes Linares, Detalló que el crédito quirografario fue otorgado por la institución financiera BANORTE por un monto máximo de cuatro mil 500 millones de pesos, sin embargo sólo dispusieron de dos mil 500 millones de pesos para iniciar el nuevo gobierno.
La administración hizo uso de ingresos propios, así como de anticipos o adelantos con cargo al presupuesto aprobado para el año 2019, de ahí que no fue necesario tomar más recursos del monto aprobado por BANORTE.
Lima Franco sostuvo que la SEFIPLAN se dio a la tarea de conocer el estado financiero de los caudales públicos, los compromisos de gasto público inmediatos y la revisión de los diferentes rubros de las iniciativas de Ley de Ingresos y del Decreto del Presupuesto de Egresos.
Estos documentos fueron presentados al Congreso del Estado por la administración que terminó sus trabajos el último día del mes de noviembre de 2018.
Aseveró que a la fecha ya han detectado omisiones, pasivos y gastos millonarios de último momento, los cuales son comprobables. “Rayan en la negligencia o total irresponsabilidad, por no decir ilícitas”, comentó el titular de la dependencia, apuntando que el plazo de responsabilidad administrativa es de tres años.
Fuente: Al Calor Político
