Coatzacoalcos, Ver. — La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, formalizó la desaparición del fideicomiso que durante casi 20 años administró el Túnel Sumergido de Coatzacoalcos y el Puente Coatzacoalcos I, asumiendo así el control directo de estas dos infraestructuras clave para la movilidad y economía del sur del estado.
El decreto fue publicado el pasado 1 de septiembre en la Gaceta Oficial del Estado y señala la extinción del Fideicomiso Público Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de Pago que estaba a cargo de la operación, conservación y mantenimiento de ambos proyectos.
Reorganización administrativa tras vencimiento de concesión federal
El fideicomiso fue creado en 2005 para gestionar los recursos financieros y operativos necesarios para la operación del túnel y el puente. Sin embargo, tras la no renovación de la concesión federal por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a partir del 1 de diciembre de 2024, el gobierno estatal optó por reorganizar el esquema administrativo.
La decisión de disolver el fideicomiso fue avalada por su comité técnico en marzo de 2025, al considerar que se habían cumplido sus objetivos. De acuerdo con datos del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), el último balance auditado en 2018 registraba un patrimonio de 3.2 millones de pesos.
SIOP asumirá operación y mantenimiento
Con la desaparición del fideicomiso, será ahora la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) la responsable de la administración integral de ambas infraestructuras. Esta dependencia deberá encargarse de su mantenimiento y operación con cargo a su presupuesto anual.
La Contraloría General del Estado y la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) tendrán la tarea de verificar el cierre contable y legal del fideicomiso, así como supervisar el proceso de transferencia de funciones y recursos.
Finalmente, el patrimonio que estaba en manos de la institución fiduciaria será reintegrado al Gobierno del Estado de Veracruz, representado por SEFIPLAN, consolidando así el control estatal sobre estos activos estratégicos.
