Veracruz, 07 de Mayo de 2026.- El diputado Héctor Yunes Landa presentó al Pleno de la LXVII Legislatura un Anteproyecto con Punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General del Estado (FGE) a que ajuste su actuación en las funciones de investigación y de persecución del delito al marco constitucional y legal, con el fin de que se garantice el respeto de los derechos humanos, el debido proceso y la presunción de inocencia.
Durante su participación en la Séptima Sesión Ordinaria, el legislador indicó que en la práctica hay cateos indiscriminados que representan un grave riesgo para la impartición de la justicia, “llenar las cárceles sin sentencias firmes o mediante procesos deficientes, no fortalece al Estado de Derecho, lo debilita”, argumentó.
Asimismo, dijo que en Veracruz más del 50 por ciento de la población penitenciaria estatal, aproximadamente 5 mil 23 personas, se encuentra sin sentencia definitiva, prevaleciendo la prisión preventiva.
“El estado enfrenta una grave sobrepoblación carcelaria, con 13 ceresos operando por encima de su capacidad y miles de reos sin una resolución judicial firme”.
Por consiguiente, el diputado Héctor Yunes destacó la importancia del programa Veracruzano Inocente, el que de manera gratuita se propone seguir litigando la liberación de personas presas por más de dos años sin sentencia definitiva, “el que junto con el doctor en derecho, Tomás Mundo Arriasa, intentamos de manera reiterada y sin éxito operarlo con la actual fiscal cuando estaba al frente del poder judicial del estado”.
De igual forma, propuso cumplir con las disposiciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en relación a que la Orden de Cateo sea emitida de manera escrupulosa por una autoridad judicial y que cuente con la debida fundamentación y motivación.
Además, que conste por escrito y exprese su objeto y necesidad, ubicación del lugar a inspeccionar y persona o personas que han de localizarse o aprehenderse y los objetos que se buscan o han de asegurarse, a lo que deberá limitarse la diligencia, tal y como el establece el Código Nacional de Procedimientos Penales.
