Daniela Barragán
– Ciudad de México.- La primera consulta de Revocación de Mandato en México se celebró este 2022 y se realizó dentro del margen de una discusión por el presupuesto. Dentro del Instituto Nacional Electoral (INE) se alertó que el dinero que tenía no sería suficiente para llevarla a cabo como se esperaba; de hecho lo avisó desde diciembre del año 2021.
El 10 de abril la consulta de revocación logró un 17.7 por ciento de participación ciudadana, muy alejada del 40 por ciento requerido para que la consulta fuera vinculante. Las principales quejas fueron que no hubo una adecuada difusión de la consulta y que no se instalaron las casillas que se esperaban. Eso también formó parte de un anuncio que hizo el INE, ya que a inicios de año, en medio de la disputa presupuestal, afirmó que primero estaban las obligaciones salariales con el personal del Instituto y que luego, las otras obligaciones.
Pero tan solo dos meses y 20 días después, el 1 de julio de este año, entró en vigor el contrato INE/025/2022, que es un seguro que cubre a los altos funcionarios del Instituto, a sus parejas y a sus hijos hasta los 25 años de edad, con una vigencia hasta 2024. El contrato plurianual se firmó por 295 millones 425 mil 088 pesos. Sólo este año pagó 42 millones 936 mil 395 pesos.
De acuerdo con el contrato, que se encuentra en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el INE celebró una Licitación Pública Nacional Electrónica para buscar un proveedor de este amplio seguro de gastos médicos mayores.
El fallo ocurrió el 8 de marzo de 2022, un mes antes de la consulta de revocación y se firmó con el objetivo de “atender las necesidades administrativas”.
En el contrato, en el punto 1.8, el Instituto afirmó que contaba con la suficiencia presupuestal en su partida 14403 que es la de “Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil” para poder cubrir dicho compromiso.
Se estableció que el seguro cubriría al personal de mando medio, superior y homólogos y el costo por los servicios, que están activos desde el 1 de julio de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2024, siendo ese último año el de mayor costo, con 113 millones 256 mil 495 pesos. Los pagos anuales se realizarán de manera anticipada y en una sola exhibición.
De acuerdo con información que el INE brindó a SinEmbargo, el seguro sólo cubrirá a los funcionarios mientras trabajen en la institución, es decir, si llegan a salir o si concluye su estancia, dejan de recibir los beneficios de este contrato.
En el inicio del documento también se solicita la confidencialidad de toda información relacionada con el contrato sin previa autorización, esto de manera permanente.
También firmaron por un margen que permite ampliar el precio del contrato hasta por un 20 por ciento de los conceptos establecidos desde el inicio.
Todo quedó con la aprobación del Testigo Social, una asociación llamada Gobernanza, Desarrollo y Transparencia Institucional A.C., de la que no hay información, pero quien cumplió con vigilar que toda la licitación se realizara con “integridad, equidad, honestidad y apego a la normatividad”.
De acuerdo con el contrato, el INE aclaró que cada pago anual estaría sujeto al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, por lo que para este 2023, el INE deberá evaluar si puede pagar de manera anticipada, como concedió, los 98 millones 483 mil 908 pesos correspondientes para ese año.
LAS CARACTERÍSTICAS DEL SEGURO
El objetivo primordial de la póliza que se compró el INE fue para “cubrir, proteger y resarcir al servidor público y familiares asegurados de los gastos que incurran, con motivo de atención médica” y abarca a Jefes de Departamento y homólogos y a Consejeros Electorales.
Ellos pueden asegurar a cónyuge o concubina y a sus hijos de hasta 25 años, con la opción de extender la cobertura hasta los 30 años de edad. Esta opción ya iría por la cuenta de los salarios de los funcionarios.
Entre los hospitales que brindarán los servicios están Ángeles del Pedregal, el de Las Lomas, el Hospital ABC Santa Fe, el Ángeles Mocel o el Star Médica Lomas Verdes.
Si llegasen a tener algún accidente en el extranjero, la suma asegurada a la que tendrán acceso será por 50 mil dólares; por alguna enfermedad ocular pueden obtener 25 mil pesos “por evento o por ojo”; si se requiere hospitalización contarán con ambulancia terrestre y aérea, con una cama extra en habitaciones de hospital, medicamentos, consultas y “todos los servicios relacionados con la urgencia o emergencia médica”; también se eliminan los tiempos de espera; atención por daño psiquiátrico; compra o renta de aparatos y prótesis, entre otros.
También se pagará a enfermeras si son requeridas fuera del hospital hasta por un máximo de tres turnos por día y hasta por 45 días. Incluso están cubiertos todos los análisis de laboratorio y hasta las pruebas de COVID-19.
Luego están las coberturas adicionales, en las que entran también los “deportes peligrosos practicados en forma amateur y de recreo”.
Entran en este rubro el esquí, deportes aéreos, buceo, charrería, hockey, equitación, alpinismo, rapel, motociclismo, go karts, jet ski y bicicleta de montaña. Sólo no entran box, lucha libre ni grecoromana.
Otro apartado que resalta es el que habla de los abortos voluntarios, ya que ese servicio queda excluido. Es el punto 8.6 en el que se establecen los lineamientos de la cobertura de madre asegurada; ahí se explica que se atenderán cesáreas, partos o abortos involuntarios, pero el punto 8.6.1 se hace la excepción del aborto voluntario “independientemente de sus causas o complicaciones”.
Para toda la atención, el Instituto contará con cinco personas disponibles los 365 días del año, las 24 horas del día a quienes se podrá contactar vía correo electrónico y celular y deberán presentarse cada que sean requeridos.
Fuente: Sin Embargo
