Coatza Digital
– Cada 17 de mayo, fecha en que desde 1990 la Organización Mundial de la Salud (OMS) quitó a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, representa no sólo un logro para dejar de etiquetar a la diversidad sexual como un padecimiento contagioso, sino como una deuda histórica pendiente a las personas lesbianas, gais, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero, intersexuales, Queers y una larga lista de expresiones de género.
Si bien los derechos universales nos dicen que todos somos iguales, incluso hasta en cuestiones tributarias somos iguales al momento de pagar impuesto, en la práctica y la vida diaria, quienes viven inmersos como integrantes de la población LGBTTTIQ+ son en su mayoría estigmatizados por grupos conservadores, grupos religiosos, e incluso políticos.
Veracruz es un caso que se cuece aparte, pues las últimas 4 legislaturas locales han fracasado y quedado a deber a las personas LGBTTTIQ+, tras ceder a las presiones de grupos pro-vida, grupos religiosos y partidos de derecha, que hoy en día traicionan sus principios al coaligarse para no perder el poder: ejemplo que vemos desde hace dos proceso electorales con el Partido Acción Nacional tras unirse al Partido de la Revolución Democrática y ahora a su acérrimo enemigo, el Partido Revolucionario Institucional.
Esta doble moral por conseguir los votos suficientes para no perder el poder ni dinero, son más criticables que legalizar las uniones entre el mismo sexo, que permitir la interrupción legal del embarazo y muchas otras más modificaciones al anticuado Código Civil del Estado de Veracruz que permitirían un entorno más inclusivo.
Veracruz es a nivel nacional el estado con más crímenes de odio, de estos 10 ocurrieron en la zona sur contra transexuales y homosexuales.
Debemos entender que las expresiones de género de la población LGBTTTTIQ+ no las clasifican como seres humanos, el día en que logremos comprenderlo, en que nos pongamos en el zapato del otro, podremos hablar de la verdadera inclusión.
En este proceso electoral, los candidatos están obligados a considerar a la población LGBTTTIQ+ no por una moda, sino por el hecho de ser ciudadanos también y de saldar esta histórica deuda en materia de derechos humanos.
