Veracruz, 07 de Mayo de 2026.- En coautoría, las diputadas Naomi Edith Gómez Santos y Dorheny García Cayetano, presentaron una iniciativa de decreto para reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre, para consolidar la austeridad republicana y elevar a rango constitucional los principios de paridad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de género en todos los ámbitos de gobierno.
Al hacer uso de la voz, la diputada Dorheny García Cayetano explicó que la iniciativa propone armonizar la Constitución local del Estado con la reciente reforma constitucional federal, aprobada el pasado 8 de abril por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en materia de combate a los privilegios y la austeridad republicana, denominada “Plan B”.
La iniciativa propone adicionar un último párrafo a la fracción XXVIII del artículo 33 de la Constitución local que establece que el presupuesto anual del Congreso del Estado no podrá exceder del 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos del Estado aprobado para el ejercicio fiscal correspondiente.
Asimismo, adiciona un último párrafo al artículo 20 para garantizar la paridad, la igualdad sustantiva y la perspectiva de género en la integración y funcionamiento de los órganos internos del Congreso y de los Ayuntamientos.
“Con ello, se asegura que el Poder Legislativo de Veracruz no solo sea un referente de austeridad y uso responsable de los recursos públicos, sino también un espacio donde la representación política de las mujeres sea efectiva y transversal”, precisó la legisladora.
Del mismo modo, la iniciativa establece que los Ayuntamientos de Veracruz estarían integrados por una presidencia, una sindicatura y hasta quince regidurías, garantizando siempre la representación efectiva de las mujeres.
Prevé reforzar los límites a las remuneraciones de las personas consejeras electorales, las magistradas y magistrados electorales y titulares de áreas ejecutivas del Organismo Público Local Electoral (OPLE) y del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), los cuales no podrán exceder a los establecidos en el artículo 127 federal, quedando prohibida la contratación con recursos públicos de seguros de vida, gastos médicos privados, cajas de ahorro especiales o regímenes de retiro privilegiados.
“Con ello, se busca eliminar esquemas de privilegio incompatibles con los principios de austeridad, racionalidad del gasto público y responsabilidad en el ejercicio de los recursos”, puntualizó García Cayetano.
En cuanto al destino de los de los recursos públicos que resulten como economías o ahorros derivados, el Artículo quinto transitorio establece que permanecerían en la hacienda pública correspondiente destinándose, respetando las autonomías hacendarias, a obras de infraestructura pública en beneficio de la población, garantizando los principios de legalidad, honradez, transparencia y austeridad.
“Esta iniciativa no representa únicamente un cumplimiento técnico de un mandato superior, sino que responde a una demanda histórica de la ciudadanía para una gestión pública más eficiente e incluyente”, concluyó.
La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales y se adhirió el Grupo Legislativo de Morena.
