José Antonio Belmont
– Ciudad de México.- La justicia comienza a llegar para las víctimas de Javier Duarte. En el caso de Pedro Celestino May Can y de otros siete ejidatarios en Campeche tardó casi 10 años.
Pero hace un par de meses, una resolución judicial por fin les dio la razón y consiguieron que les devolvieran 630 hectáreas que el ex gobernador de Veracruz, a través de varios prestanombres, les despojó.
Hoy, ya con la posesión de estas 21 parcelas, el núcleo ejidal de Lerma que fue parte de la más aciaga corrupción priista, ahora estará en uno de los principales programas sociales de la 4T: Sembrando Vida.
«Queremos hacer producir la tierra el próximo año con maíz y árboles frutales aprovechando las lluvias de temporal», explicó May Can, quien atribuye parte de esta victoria al presidente Andrés Manuel López Obrador.
«En una de sus visitas a Campeche le informamos de nuestro caso, y, a través de la delegada (Katia Meave), estuvo muy al pendiente», aseguró.
Pero esta lucha no fue fácil para los ejidatarios opositores a Javier Duarte pero sobre todo para May Can, quien durante esta disputa fue encarcelado acusado de despojo de estas tierras ubicadas en el poblado de Lerma, a unos 15 minutos de Campeche capital.
Para no pasar más tiempo en el penal de San Francisco Kobén, el dirigente campesino de 63 años tuvo que declararse culpable de ese delito para obtener la condena condicional y cumplir la pena en arresto domiciliario que concluyó el 19 abril de 2018.
Pero antes de perder su libertad lo quisieron asesinar, le quemaron su rancho y hasta mataron su ganado; incluso todavía el año pasado continuó la persecución del dirigente campesino.
«El 19 de agosto del año pasado me levantaron frente a la puerta de mi casa, me golpearon y me dejaron tirado frente al Country Club. Hoy estoy en sillas de rueda, nunca pensé que esto sucedería por no ceder lo que más amo: la tierra», contó a MILENIO.
Por entonces no sabía que se enfrentaba a una red de corrupción cuya cabeza era un gobernador emanado del mismo partido político que el entonces Presidente de la República.
Pero después de varios años de disputa, el pasado 28 de septiembre May Can y los siete ejidatarios opositores vencieron en los tribunales al ex gobernador priista y toda esa red de corrupción.
«Fue una lucha muy difícil teniendo en contra todo el sistema jurídico y político. Los traficantes de tierra tenían los mejores abogados y todo el sistema a su favor, pero al fin se hizo justicia, ahora nuestros hijos trabajarán las tierras, estamos felices porque derrotamos a un sistema.
«Ahora le digo a la gente que yo tenía la razón, que mi lucha era justa», exclamó.
Durante este juicio se comprobó lo ya sabido: los cómplices de Javier Duarte engañaron a comuneros, sobornaron a campesinos y falsificaron documentos para ser reconocidos como ejidatarios y poder comprar estas 21 parcelas con dinero de las arcas de Veracruz. «Se anularon 171 escrituras públicas a nombre de los prestanombres como Santa Bartola Acuña, Miguel Velázquez Nieva, Moisés Mansur Cisneyros y otros con orden de aprehensión.
«Toda esta red de traficantes de tierras ejidales es comandada por Antonino Almazán Arteaga como único representante legal de su empresa LCAE de México que se dedica presuntamente a regularizar tierras ejidales, más bien son traficantes de tierra», acusó May Can.
El líder ejidatario reveló que, con base a esta resolución judicial, ahora pelearán las más de 9 mil 685 hectáreas ubicadas a orilla del mar en Xpicob y que también fueron despojadas por Javier Duarte y sus cómplices, por las cuales pagaron a 30 centavos el metro cuadrado.
El primer negocio
La compra de estas 21 parcelas en Campeche fue el primer negocio y el más lucrativo que hicieron Javier Duarte y cuatro de sus prestanombres: Alfonso Ortega López, Moisés Mansur Cysneros, Juan José Janeiro, y Rafael Rosas Bocardo.
En 2011, apenas unos cuantos meses después de iniciado su mandato, el entonces gobernador priista y sus cómplices adquirieron ilegalmente estas 630 hectáreas del ejido Lerma, por las cuales pagaron 20 millones de pesos con recursos públicos de Veracruz. Dos años después, «tan sólo» lograron vender nueve de las 21 parcelas a sobreprecio y a empresas fantasma que los propios prestanombres de Duarte crearon.
Por ejemplo, Ortega López compró estas tierras en poco más de un millón de pesos, y, un año después, las vendió en 244 millones de pesos; Mansur Cysneiros, a su vez, pagó un millón 650 mil pesos por nueve parcelas, y recibió 253 millones de pesos al vender solo cinco.
Pero ese no fue el único delito que cometieron Duarte y sus cómplices para poder concretar este negocio.
De acuerdo con las normas agrarias, solo se permite que ejidatarios puedan comprar estas tierras, por lo que tuvieron que sobornar a los líderes comunales con dinero en efectivo, camionetas, televisiones o «mejoras en sus casas».
En 2011, los prestanombres del entonces gobernador de Veracruz asistieron por única vez a Lerma para ser reconocidos como ejidatarios del poblado y entonces comenzó todo.
Fuente: Milenio
