Redacción
-Coatzacoalcos.- En un boletín emitido por su equipo de comunicación social, es decir, Elías Assad, el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares se defendió de una supuesta falsificación de documentos en la Cuenta Pública 2018, en su último año de gobierno.
Según él, el exadministrador del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, entregó información falsa y ocultó documentos que solventaban que no había daño patrimonial, con el único fin de reelegirse.
Yunes Linares atribuyó que esta acción fue con la intensión de que la cuenta pública de su último año de gestión fuera ‘escandalosa’.
Boletín original
“En el afán de reelegirse como titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, ex titular de ese organismo, ocultó documentos y entregó información falsa al Congreso del Estado de Veracruz, señalando presuntos “daños patrimoniales” inexistentes para así generar la percepción de que había sido riguroso en el análisis de la aplicación de los recursos.
A pesar de que durante la etapa de solventación ante el propio ORFIS se presentaron documentos para acreditar que los datos que hizo públicos no tenían sustento, Portilla ordenó no valorar dichos documentos, para presentar al Congreso del Estado una cuenta pública escandalosa que avalara su afán de reelegirse.
Podrían citarse muchos ejemplos, pero bastaría con señalar que Portilla clasificó como “presunto daño patrimonial” transferencias de recursos a la Universidad Veracruzana, mismos que por disposición constitucional debe entregar cada año el Ejecutivo del Estado.
Consideró también “presunto daño patrimonial” transferencias al Poder Judicial y al Organismo Público Local Electoral (OPLE), mismas que están igualmente dispuestas en la Constitución.
Señaló igualmente que hubo un “presunto daño patrimonial” por más de 1 mil millones de pesos derivado de la contratación del sistema estatal de videovigilancia cuando prácticamente ese es el monto total del contrato, lo que -de ser cierto- implicaría que no se hizo absolutamente nada en ese rubro.
Estas y muchas otras observaciones sin fundamento y sin sentido fueron formuladas con el único afán de dar la impresión de eficiencia y honestidad, características que no distinguen a Portilla.
Todos los servidores públicos de la administración 2016-2018 han acudido ya ante la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado de Veracruz para solventar nuevamente las observaciones, presentando otra vez los documentos que el ORFIS se negó a evaluar.
Estamos ciertos de que las diputadas y diputados valorarán con objetividad y apego a la Ley los documentos que se presentaron y darán por solventadas las observaciones.
Portilla tendrá que hacerse responsables de su conducta presuntamente delictiva.
La Fiscalía General del Estado tendrá que actuar de manera ejemplar, para evitar hechos similares en el futuro y promover las sanciones correspondientes a quienes incurrieron en estas conductas ilícitas”.
Fuente: Coatza Digital
