Rubén Mosso

Emilio Lozoya fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero gozará de libertad condicional, porque la FGR no solicitó prisión preventiva.

La fiscalía pidió medidas cautelares, como el uso de un brazalete electrónico, no salir de la Ciudad de México y presentarse a firmar periódicamente.

Durante su segunda audiencia que duró cerca de 13 horas, que presidió Juan Carlos Ramírez Benítez, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, la FGR narró que la acusación contra Lozoya se desprende de declaraciones de testigos protegidos de origen brasileño entrevistados por autoridades de su país y entregadas a la embajada de México en Washington, en Estados Unidos.

Los testigos protegidos son Luis Alberto Meneses Weyll, ex director de Odebrecht en México, e Hilberto Mascarenhas, quien dirigía una oficina dedicada al pago de sobornos a políticos y funcionarios de diversos países.

Lozoya ofreció a Meneses Weyll un cargo en la administración pública, en caso de que el PRI ganara las elecciones de 2012.

Lo anterior por el apoyo que Meneses le dio a la campaña de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República, donde se inyectaron 4 millones de dólares entregados por la constructora. Otros 6 millones de dólares se los hicieron llegar a Lozoya cuando ya era director de Pemex.

Luis Alberto constantemente se reunía con Lozoya para pedirle orientación en la estructuración de programas en Veracruz e Hidalgo, sobre todo.

En total, dijo la FGR, Odebrecht dio sobornos a Lozoya por 10.5 millones de dólares, dinero que fue a parar a las cuentas de empresas que estaban a nombre de Gilda Susana Lozoya y Gilda Margarita Austin, hermana y madre de Emilio, respectivamente.

La FGR indicó que a una cuenta de la madre de Emilio Lozoya se transfirieron 185 mil dólares y un millón 200 mil dólares por un inmueble en Ixtapa, Zihuatanejo.

Cuando llegó a director de Pemex, en su declaración patrimonial Lozoya dijo ser titular de la cuenta junto con su madre. También usó una cuenta en Alemania.

“Usted tenía conocimiento de la ilicitud del origen del dinero para las operaciones antes detalladas. Conoció a Luis Alberto M. cuando era representante de Odebrecht en México y le favoreció para conseguir contratos de obra pública.

“Usted refirió a Luis Alberto M. un pago de 4 millones de dólares cuando era parte del comité de campaña (del PRI en) 2012 y le dijo que en caso de ganar tendría un cargo que le permitiría proporcionar contratos de obra pública y así fue en los estados de Hidalgo, Veracruz y Tamaulipas”, señaló la fiscalía. Según la FGR, Lozoya solicitó que los pagos de Odebrecht se hicieran a la empresa de la que era beneficiario.

Ordenó la transferencia a su madre a una cuenta radicada en México donde se dijo cotitular«.

“En favor de otra mujer se hizo una transferencia para pagar el inmueble de Ixtapa. Esta operación la quiso justificar en la Secretaría de la Función Pública, usted para ocultar la naturaleza del inmueble que adquirió por contrato de fideicomiso donde incluso estaban sus hijos”, detalló la fiscalía.

La esposa de Lozoya, Marielle Hellen Eckes, se alió con un representante legal, que fue secretario de administración de Altos Hornos de México.

“Usted sabía que los recursos eran de Odebrecht y recibió 10.5 millones de dólares; como resultados de sobornos se asoció con su madre, esposa y otra persona, con el propósito de delinquir. Esto es así toda vez que su hermana era la propietaria de la cuenta”, apuntó la FGR.

Emilio Lozoya se declaró nuevamente inocente, como lo hizo tras la imputación en la causa penal por el caso de la empresa Agronitrogenados.

Y ADEMÁS INSISTE EN CRITERIO DE OPORTUNIDAD

Emilio Lozoya dijo al juez que busca un criterio de oportunidad para ofrecer información importante a fin de que se castigue a los responsables de delitos que se le imputan, a quienes denunciará por haberlo presionado e intimidado. 

“Quisiera manifestar lo siguiente: de manera respetuosa hacia la autoridad, quiero que sepa que no soy culpable ni responsable de los hechos que se me imputan en el marco de la investigación”. El impartidor de justicia dio seis meses de plazo para que la Fiscalía General de la República realice su investigación complementaria.

Fuente: Coatza Digital.

Fuente: Coatza Digital.

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