Sugeyry Romina Gándara

– Ciudad de México.– El 1 de octubre de 2016, Francisco Javier García Cabeza de Vaca tomó protesta como el primer Gobernador de la oposición luego de 86 años sin alternancia en Tamaulipas: “Lograr un Estado seguro, participativo y democrático es uno de los compromisos que adquirí y tengan la certeza que cumpliré. Aspiro a ser el mejor Gobernador que haya tenido esta tierra; aspiro a ser el mejor Gobernador que haya tenido Tamaulipas”. Esas fueron sus palabras y promesa ese día.

Hoy, seis años después, deja el Gobierno de ese estado en medio de una investigación por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal, que está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia a la que las autoridades entrantes, el Congreso y analistas piden tomar las medidas adecuadas para evitar una fuga del mandatario saliente y hacer valer la justicia.

Francisco Javier Cabeza de Vaca, quien al rendir protesta dijo que el 6 de junio de 2016 —cuando ganó las elecciones— se marcaba un antes y después, hoy se suma así a la lista de exgobernadores tamaulipecos que enfrentan a la justicia una vez finalizado su mandato.

El primero de ellos fue Manuel Cavazos Lerma (1993 a 1999), el primer Gobernador tamaulipeco en ser señalado por sus vínculos con el narcotráfico luego de que la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) comenzó a investigar los vínculos del crimen organizado con políticos; Tomás Yarrington Ruvalcaba (1999 a 2004), quien en marzo del año pasado se declaró culpable del delito de lavado de dinero ante un Tribunal Federal en Texas, Estados Unidos, al admitir que aceptó 3.5 millones de dólares en sobornos que usó para adquirir propiedades de manera fraudulenta; Eugenio Hernández Flores (2005-2010), quien está amparado para evitar su extradición a Estados Unidos (concedida por la SRE en 2018) para enfrentar las acusaciones de lavado de dinero, fraude bancario y de operar sin licencia un negocio de envío de dinero.

Sin embargo, a pesar que Cabeza de Vaca se une a la lista de exgobernantes investigados, el saliente mandatario panista sí marcó una diferencia: se convirtió en el primer Gobernador de la historia reciente, al que le giraron una orden de aprehensión por delincuencia organizada cuando aún estaba en funciones; lo que llevó su caso a solicitar el desafuero y que su caso llegara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La acusación que pesa en su contra por parte de la FGR fue por defraudación fiscal equiparada por seis millones 511 mil 777 pesos y 57 centavos, delito que se sanciona con penas de tres a nueve años de prisión. En total, el mandatario local habría amasado una fortuna superior a 951 millones de pesos.

Fuente: Sin Embargo

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