– Xalapa, Ver.- En los últimos 7 años el Órgano de Fiscalización Superior logró recuperar 1 mil 617 millones 618 mil 850.72 pesos, recursos que fueron observados como presunto daño patrimonial en igual número de Cuentas Públicas.
Al manifestar lo anterior, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, auditor general del ORFIS, añadió que las observaciones más recurrentes en los procesos de fiscalización son las financieras y de obra pública, entre las que resaltó erogaciones comprobadas con documentos que no cumplen con los requisitos de autenticidad, erogaciones y/o donativos sin evidencia de que hayan sido recibidas por los beneficiarios, falta de documentación comprobatoria del gasto que se reportó como devengado y pagado y trabajos pagados que no fueron devengados.
En su mensaje de inicio de semana, resaltó que tan solo en la revisión de la Cuenta Pública 2017 se logró el reintegre de 13 millones 981 mil 733.54 pesos en 24 ayuntamientos y 7 entes estatales.
Y del monto total recuperado en los últimos 7 años, en 2011 fueron 84 millones, 108 mil 448.36 pesos; en 2012, 382 millones 630 mil 409.04 pesos; 2013, 29 millones 20 mil 385.27 pesos; 2014, 424 millones 92 mil 288.27 pesos; 2015, 426 millones 750 mil 412.61 pesos; 2016, 257 millones 35 mil 173.71 pesos y 2017, 13 millones 981 mil 733.54 pesos.
Asimismo, Portilla Vásquez, agregó que las observaciones financieras más recurrentes entre los entes fiscalizables destacan las siguientes:
Cuentas bancarias no registradas contablemente; anticipos a sueldos y salarios, así como de obra pública no amortizados y/o recuperados; anticipos de contratistas pendientes de amortizar; cuentas por cobrar no recuperadas; cancelación de cuentas sin soporte documental; pagos de gastos de ejercicios anteriores no reconocidos contablemente y pago de accesorios de contribuciones.
Así como pagos de remuneraciones superiores a lo que establece el tabulador; traspasos de recursos entre fondos no reintegrados a sus cuentas bancarias de origen; saldos de deudores diversos cancelados sin evidencia documental; erogaciones sin comprobación documental; erogaciones y/o donativos sin evidencia de que hayan sido recibidas por los beneficiarios; erogaciones comprobadas con documentos que no cumplen con los requisitos de autenticidad; adquisiciones de bienes o servicios sin observancia a la normativa aplicable y falta de enteros de obligaciones fiscales a las instancias competentes en la materia.
Mientras que en la revisión a la obra pública, las observaciones más recurrentes son: Obras que se ejecutan sin contar con acreditaciones de las propiedades y/o predios, permisos, factibilidad y validación de proyectos de las Dependencias Normativas; falta de documentación comprobatoria del gasto que se reportó como devengado y pagado; deficiente supervisión de los responsables en la ejecución de los trabajos; falta de expedientes técnicos unitarios de obras y servicios; obras no ejecutadas; obras con operación deficiente o falta de operación; obras ejecutadas que no cumplen con la elegibilidad del fondo, de acuerdo a sus lineamientos y trabajos pagados que no fueron devengados.
Recordó que en la fiscalización a la Cuenta Pública 2017 se auditaron muestras financieras que van del 63.20% al 80.72% de los ingresos del Gobierno del Estado.
Muestras técnicas del 86.80% de los recursos ejercidos en obra pública del Gobierno del Estado; se tomó una muestra financiera del 68.28% de los ingresos Municipales y muestras técnicas del 64.91% de los recursos ejercidos en obra pública municipal.
“El principal compromiso que tenemos ante la sociedad, es convalidar su confianza y de los entes fiscalizables, en los procesos y resultados de las auditorías, así como en las acciones posteriores que impactan favorablemente en la gestión pública”, concluyó.
Fuente: Al Calor Político
