Ciudad de México.- Tal y como se había adelantado, las autoridades del Gobierno federal abordaron hoy todos los detalles de los juicios fiscales de Grupo Salinas.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó la mañana de este miércoles que la deuda del empresario Ricardo Salinas Pliego asciende ya a 63 mil millones de pesos; mientras que el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que todas las pruebas sobre los juicios fiscales de Grupo Salinas se harán públicas a través de una página web del Gobierno federal.
“Estos ya son los adeudos totales. Son los adeudos pendientes de pago. Del lado izquierdo podemos ver los adeudos por más de 53 mil millones de pesos. Estos adeudos se encuentran en cuatro empresas, en 17 juicios, y todos fueron auditorías de 2008 a 2018. Todos estos adeudos se observaron por parte del Servicio de Administración Tributaria por un monto de 38 mil millones de pesos; pero al día de hoy, con la actualización por la inflación y por los recargos, asciende a un monto de 53 mil millones“, dijo Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT.
Desde Palacio Nacional, detalló que “durante la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el SAT ha emitido créditos fiscales por 10 mil millones de pesos, teniendo un adeudo de 63 mil millones de pesos”. “Eso es lo que tenemos al día de hoy. Más del 90 por ciento de este adeudo tiene que ver con el tema de consolidación fiscal, que es un tema ya viejo, que es un tema que se dio del 82 al 2013, y que en el 2013 se canceló esta figura que daba beneficios de diferir el pago del Impuesto Sobre la Renta [ISR], y sumar ganancias y pérdidas dentro de un grupo empresarial”, explicó.
De acuerdo con el funcionario, los montos adeudados “vienen ya desde administraciones anteriores, de 2019 para atrás, cuando estaba [Felipe] Calderón y [Enrique] Peña [Nieto], y de 2019 para adelante, en la administración del señor Presidente Andrés Manuel López Obrador”.
Por otra parte, aseguró que “los montos que ha pagado el Grupo [Salinas] en esta administración han sido cuatro mil 868 millones de pesos”. “Dos mil 096 millones de pesos fue resultado de diversas auditorías a empresas que se hicieron y que dentro de las auditorías, ellos pagaron dos mil 096 millones. Un monto por dos mil 772 millones que fue por una resolución”, desglosó.
Antonio Martínez Dagnino subrayó que “la función del Estado y la función del SAT es cuidar que todos los ciudadanos contribuyan con el gasto”, lo que “permite financiar los proyectos para que el pueblo tenga una vida mejor”.
“Siempre hemos hecho nuestro trabajo con apego a la legalidad. Durante todos estos años, todas las auditorías que hemos realizado han sido con apego a la legalidad. Nosotros, como ya lo comentamos, no vemos nombres de personas, de empresas, únicamente vemos operaciones contables financieras que tienen repercusiones fiscales en el pago de los impuestos y son los contribuyentes quienes autodeterminan su cálculos y son ellos quienes nos dan la información. Entonces nosotros revisamos la información que ellos entregan al SAT”, sostuvo.
En tanto, Félix Arturo Medina Padilla, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), afirmó que la consolidación fiscal “es el principal tema de las auditorías que tienen que ver con los adeudos” de Grupo Salinas, un conglomerado de empresas creado por Ricardo Salinas Pliego.
“La consolidación fiscal otorgaba a los contribuyentes dos beneficios. El primero: otorgaba la posibilidad de sumar las ganancias y las pérdidas de un solo grupo, y con ello tener un mismo resultado. Y el segundo: permitía diferir o aplazar el pago del Impuesto Sobre la Renta [ISR]”, recordó. “Por ejemplo, si una empresa tenía una utilidad de 10 pesos y otra de este mismo grupo empresarial, una pérdida de cinco; la consolidación fiscal permitía pagar únicamente Impuesto Sobre la Renta sobre cinco pesos y no sobre los 10 pesos. Es decir, solamente sobre la diferencia”, indicó.
Medina Padilla refirió que “dicho esquema terminó en 2013”, y que “las empresas tenían la obligación de pagar los impuestos que hubieran postergado y de los que se beneficiaron en el pasado”. “La consolidación fiscal fue una figura de diferimiento de impuestos, no de condonación o cancelación de éstos”, aclaró frente a las y los representantes de los medios de comunicación.
“Derivado de las auditorías de 2008 a 2013, se concluyó que dos empresas de este grupo empresarial adeudaban cerca de 33 mil millones de pesos, los cuales actualmente se disputan en siete juicios. Estas empresas, usando su estructura legal y corporativa, han impugnado y retrado la emisión de una sentencia definitiva que las obligará al pago de sus impuestos”, acusó.
El Subsecretario puso como ejemplo que “en uno de los juicios, desde marzo de 2014, la empresa tenía la obligación de pagar sus impuestos y en noviembre de 2015 el SAT revisó este tema, pero no estando de acuerdo con esta determinación, la empresa se inconformó y posteriormente promovió un juicio de nulidad, que cinco años después, es decir, en octubre de 2020, reconoció la validez de este cobro que hacía el SAT”.
“Posteriormente, la empresa interpuso un juicio de amparo, el cual el Tribunal Colegiado intentó resolver en el 2021, pero la empresa lo impidió porque solicitó a la Suprema Corte ejercer su facultad excepcional de atracción, con lo cual se suspendió temporalmente la resolución del asunto. También es sabido que desde diciembre de 2022, el Ministro Luis María Aguilar Morales hizo suya la petición de la empresa, de que atrajeran el asunto, y en esta etapa el expediente estuvo guardado o esperando ocho meses sólo para resolver si la Corte tenía interés o no en conocer el fondo del asunto”, denunció.
“Y mediante una votación que también es pública, en la que sólo el Ministro Aguilar apoyó su proyecto, los ministros de la Segunda Sala determinaron que ya había sido debatido en numerosos precedentes judiciales este caso y lo devolvieron al Tribunal Colegiado, quien, esperamos, en breve deberá resolver el fondo del asunto”, añadió Arturo Medina.
Asimismo, reiteró que “este Gobierno, el de la Cuarta Transformación, está comprometido con el pueblo de México. Por eso el pago proporcional y equitativo de contribuciones, como establece la Constitución, es fundamental para el bienestar de todas y de todos, porque de ahí se pagan los programas de bienestar, las inversiones de los proyectos, la educación, la salud de la que disfrutan todas y todos los habitantes, y en particular las niñas y los niños de nuestro país”.
“Las cantidades millonarias de impuestos que deben pagar los grandes consorcios deben ser recaudadas oportunamente para su correcta aplicación en beneficio del pueblo. También mencionar que la información que se ha abordado aquí; así como la información relevante que constata, demuestra o acredita lo expuesto, se subirá al portal del Gobierno federal, del Gobierno de México, y donde se documentará lo que aquí se ha vertido”, finalizó.
EL COFRE DE LAS DEUDAS
Ricardo Salinas Pliego celebró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó a su empresa Total Play para no pagar 645 millones de pesos de impuestos que debía desde el Gobierno de Felipe Calderón, pero su deuda como presidente del Grupo Salinas con el fisco es cien veces más grande y equivale a la tercera parte de su fortuna: Más de 67 mil millones de pesos.
En efecto, Salinas Pliego debe los 26 mil 800 millones de pesos de impuestos que el Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló, el 5 de marzo, cuando le ofreció una quita de 8 mil millones para que ya pague, una propuesta que el magnate rechazó, pero lo que debe al fisco —hasta ahora desconocido— suma otros 40 mil 289 millones de pesos.
Es decir, Salinas Pliego no ha pagado al Sistema de Administración Tributaria (SAT) un total de 67 mil 170 millones de pesos, según las cifras de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), pero con las actualizaciones en cinco años se estima que la cantidad supera los 73 mil 600 millones de pesos.
Se trata de 13 créditos fiscales de Grupo Elektra y TV Azteca que Salinas Pliego litiga en el Poder Judicial desde los gobiernos de Calderón y Enrique Peña Nieto, una cantidad mayor a los 60 mil millones de pesos de deuda pública que Alfredo del Mazo heredó al Estado de México y más de tres ves el presupuesto de Baja California Sur para 2024.
Fuente: Sinembargo
